1) ¿Qué dice el decreto?

El decreto 93/2018 establece que determinados familiares de determinados/as funcionarios/as no van a poder ser designados en el Estado y si ya están designados, deberán dejar sus puestos antes del 28 de febrero del 2018, salvo las siguientes excepciones: estén designados por Concurso Público o tengan estabilidad en el cargo.

2) ¿Qué funcionarios/as están involucrados/as?

Los/as funcionarios/as abarcados por el decreto son los siguientes: el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros/as y demás funcionarios/as con rango y jerarquía de Ministro/a, como por ejemplo el Procurador del Tesoro de la Nación, el Secretario de Legal y Técnica, Secretaría de Coordinación Interministerial, entre otros/as. Solo están contemplado los/as funcionarios/as de Nación. El decreto invita a las provincias a que adhieran al mismo.

3) ¿Qué familiares deberían renunciar según el decreto?

Aquellos familiares que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con los/as funcionarios/as anteriormente mencionados/as.

¿Y quiénes son específicamente estos familiares? El padre y la madre, los/as abuelos/as, los/as hijos/as, los/as nietos/as, los/as hermanos/as, los/as cuñados/as, el/la suegro/a, el yerno y la nuera. También incluye manera taxativa a los/as cónyuges y a las uniones convivenciales.

Pero no incluye a tíos/as, sobrinos/as y primos/as. Y tampoco regula qué pasa cuando las relaciones de los/as funcionarios/as no están registradas como por ej. Noviazgos o las relaciones de amistad.

4) ¿Qué es el nepotismo?

Según la Real Academia Española, el nepotismo es una “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”

El decreto del gobierno, a primera vista, intenta combatir el nepotismo, pero si lo analizamos en profundidad como estamos haciendo, damos cuenta que no erradica el problema, solo es una apariencia. Por otro lado, el nepotismo que el gobierno intenta sofocar es el mismo que generó el Presidente, la Vicepresidenta, los/as Ministros/as y demás, al nombrar “a dedo” a sus esposas/os, hijos/as, padres/madres y distintos familiares en distintos puestos del Estado.

Es necesario replantear en líneas generales los sistemas de ingreso a los distintos poderes del Estado. Tener buenos cuadros políticos y técnicos, que ingresen democráticamente y de forma transparente a los distintos cargos que componen a los poderes del Estado.

5) ¿Cuántos familiares deberían renunciar ahora?

En principio, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, había informado lo siguiente “no hay más de 40 casos” de familiares de funcionarios que deben renunciar tras la publicación del decreto. Hasta el día de la fecha se han relevado solo 15 casos, la mayor parte ya han renunciado, algunos/as faltan presentar la renuncia.

Los familiares de los/as Ministros que ya han renunciado:

De Jorge Triaca, Ministro de Trabajo:

  • Mariana Triaca -quien había sido designada con polémica como directora del Banco Nación-
  • Lorena Triaca -directora de Asuntos Externos de la Agencia Argentina de Inversiones,
  • Cecilia Loccisano, su esposa, que tenía un cargo de subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud y;
  • Ernesto Martí Reta -pareja de Marina Triaca- quien había sido nombrado, en octubre pasado, como director del Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE)

De Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad:

  • Francisco Langieri, su hijo, asesor de la Secretaría País Digital, dependiente del Ministerio de Modernización.

De Rogelio Frigerio, Ministro del Interior:

  • Octavio Frigerio, padre del Ministro, que se desempeñaba como director en la empresa estatal YPF.
  • Victoria Costoya, esposa del ministro Frigerio, que se desempeña como coordinadora de Articulación de Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo Social,

De Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros:

  • Andrés Peña, hermano del JG, Subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo.
  • Félix Peña, padre del JG, asesor ad honorem del Consejo de la Producción.

De Gustavo Santos, Ministro de Turismo:

  • Matías Santos, hijo del ministro, era jefe de asesores de gabinete de esa cartera.

De Oscar Aguad, Ministro de Defensa:

  • Rodrigo Loredo, yerno del ministro, que ocupaba el cargo de presidente de ARSAT.

De Luis Miguel Etchevehere, Ministro de Agroindustria

  • Juan Diego Etchevehere, hermano del Ministro, delegado de Enacom

Algunos familiares de los que no ha llegado la renuncia (al momento de escribir esta nota):

Entre ellos, Juan Pablo Álvarez Echagüe, cuñado del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y director del Instituto Argentino de Transporte. También Ana Gazcón Aráoz, cuñada de Bullrich, actual subsecretaria de Comunicación Social de Presidencia. Elena Bordeu, media hermana de De Andreis.

6) Los familiares que no deberían renunciar porque no están contemplados en el decreto.

Los/as siguientes funcionarios/as no deberían renunciar porque no están abarcados/as por el decreto teniendo en cuenta alguna de las razones que mencionamos a continuación:

  1. El/la funcionario/a no es uno de los enumerados/as en el decreto ni tiene rango ni jerarquía de ministro/a. Como sucede con:
  • Soledad Alonso, la hermana de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, tiene un cargo en la Secretaría General de Presidencia.
  • Las hijas de Silvia Majdalani, número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) (Una, asesora de la legislatura; otra, presidenta de la Corporación Antiguo Puerto Madero, que depende de la Ciudad).
  • María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger, Presidente BCRA, quien es Gerenta General del Fondo Nacional de la Artes.

2. El vínculo familiar no está contemplado en el decreto para que desvinculen a la persona del cargo como pasa con los tíos/as, sobrinos/as y primos/as que quedan excluidos del decreto. Esto sucede en el caso de:

  • María Pía Montes Calcaterra, sobrina del Presidente Mauricio Macri, quien ocupa el cargo de Jefa de Recursos Humanos en la Unidad de Información Financiera.

3. O porque el decreto no se extiende a otros Poderes del Estado como el Poder Legislativo o el Poder Judicial, que tendrán que ser regulados oportunamente, como pasa con:

  • Enrique Pinedo, hermano del vicepresidente 1° de la Cámara de Senadores, Federico Pinedo, es Director General de Relaciones Institucionales del Senado.
  • María Alejandra Illia, prima de Gabriela Michetti, que era empleada del Senado y ascendió dos categorías para trabajar junto a la vicepresidente.

En los casos mencionados, que involucran al Congreso de la Nación, cualquier medida en este sentido, debe acordarse con los bloques de la oposición.

7) ¿El decreto discrimina a los familiares y es inconstitucional?

El hermano de Horacio Rodríguez Larreta dijo que es “estigmatizante” y la hija de un funcionario de María Eugenia Vidal llamó a formar un “sindicato de familiares”. Otros dicen que el decreto viola el artículo 16 de la Constitución Nacional.

El artículo 16 de la CN establece que: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Nosotros/as entendemos que la Constitución está prohibiendo que te exijan otras cosas por fuera de estar capacitado/a para ocupar ese cargo, como por ejemplo, profesar determinada religión, pertenecer a cierta clase social, ser parte de cierto grupo étnico, etc. La Constitución no está diciendo que no podemos establecer un requisito que busca garantizar mayor transparencia en las contrataciones públicas. Por eso, el decreto no sería ni inconstitucional ni tampoco “estigmatizante”.

8) ¿Es un avance considerable frente al problema de la corrupción?

Consideramos que no. Por varias razones.

La primera es porque tiene varias restricciones. Por ejemplo, solo se aplica en el ámbito Nacional y se invita a adherir a las provincias. Otra cuestión es que abarca a pocos/as funcionarios/as, como ya vimos hay muy muchos/as titulares de organismos de gran importancia que no quedan comprendidos por este decreto. También tiene un problema al enumerar los sujetos que no podrían ser contratados o que deben renunciar, hay muchas relaciones que no se contemplan, por ejemplo, amigos/as de los funcionarios, novios/as, primos/as, tíos/as, sobrinos/as y otras. Deberían haberse detenido a analizar las vinculaciones con mayor profundidad.

La segunda razón es que si bien el nepotismo es un problema, por cómo fue abordado el tema, resulta ser una discusión menor, porque el fin principal del decreto es reducir el gasto público. Y acá lo importante sería discutir que el nepotismo es un problema en tanto afecta la capacidad de gestionar y diseñar políticas públicas. Como todo queda en familia o entre amigos/as lo primero que se piensa es un negocio y en base a eso se arma la política pública, que termina beneficiando intereses que no coinciden con los intereses públicos.

En esta misma línea, el problema de la corrupción en este gobierno (y en otros) es mucho más vasto. Lo que estamos viendo y viviendo es que la corrupción se evidencia en un fenómeno de cooptación del Estado, haciendo que primen intereses privados por sobre el público, y eso se refleja con los conflictos de intereses. Se ve al Estado como un mercado que sirve para ganar activos, conseguir y negociar información e influencias.

9) Algunas cifras en materia de conflictos de intereses

El Observatorio de las elites de la UNSAM realizó un estudio en el que los números reflejan esto que mencionamos anteriormente.  

  • El 31,3% de los funcionarios (114/364) ocupó alguna vez un puesto de alta o media/alta gerencia en diversas empresas. En todas las carteras del gabinete nacional hay al menos un CEO ocupando un alto cargo público.
  • Mucho peso de los dirigentes de las principales corporaciones empresarias: el 10,9% de los funcionarios (40/364) ocuparon cargos directivos en alguna de estas poderosas organizaciones.
  • El 24% de los funcionarios (86/364) ocupaba un cargo en el sector privado al momento de ser convocado para integrarse al gobierno.

Este último punto se denomina “puerta giratoria” y consiste en personas que pasan de ocupar altos cargos en el sector privado para desempeñarse en altos cargos en el sector público y viceversa. De esos 86 casos de “puerta giratoria”, 60 eran CEOs que ocupaban los puestos más altos en la dirección de las respectivas firmas. Estos CEOs ingresaron, en su mayoría, a los Ministerios de Energía, Producción, Agroindustria y Hacienda, y al BCRA, pero también a carteras más político-sociales como la JGM, Interior y Trabajo.

Asimismo, venían de desempeñarse en tres sectores particularmente sensibles a la regulación estatal: el bancario y financiero, el energético y el de servicios profesionales (seguros, consultorías, grandes estudios jurídicos).

Hasta ahora, hemos presenciado el problema que genera que los/las CEOs de grandes empresas se desempeñen en altos cargos del sector público. En breve vamos a ver la otra cara de los casos de conflicto de interés, esto es aquellos/as que ocupan cargos en el sector público vuelven al sector privado que tenían que regular/controlar. Y ¿por qué esto es problemático? Porque estos ex funcionarios/as se llevan información, influencias, contactos y terminan actuando como lobbystas. Algunos países como España o Inglaterra lo prohíben.

10) ¿Qué respuesta dio el Gobierno a los conflictos de intereses? Intervención de la OA y excusación de ley de ética pública

La Oficina Anticorrupción tiene una interpretación muy restrictiva de los casos de conflicto de intereses (desde hace años). En diferentes dictámenes desde hace años, la O.A. mantiene la siguiente línea, equipara las incompatibilidades en las funciones que puede tener el titular de un organismo a las de un empleado cualquiera a la hora de desempeñarse en su cargo, es por esto, que entiende que con la simple excusación de la participación en el acto concreto alcanza. Esto parece ser una interpretación errada y resulta muy difícil sostener que con la simple excusación baste, ya que quien realice la acción requerida lo hará a pedido del mismo titular que se está excusando de actuar. En este sentido, se han visto ministros/as que benefician a empresas donde han participado, en lugar de controlarlas efectivamente. Más preocupante es que actualmente la Oficina no dictamina que existe conflictos de intereses; solo recomienda ciertas medidas “para mayor probidad”.

Algunos ejemplos de conflictos de interés en los que la Oficina Anticorrupción hizo la vista gorda:

  • Cuando se nombró a María Eugenia Talerico como la Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera se “dejó pasar” que había defendido/asesorado a los que ahora debe controlar (trabajó con causas de lavado del HSBC).
  • Juan Félix Marteau fue nombrado Coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mientras ejercía su cargo seguía trabajando en su Estudio Jurídico privado, esto era un caso claro de incompatibilidad en el ejercicio de la función que la OA no se detuvo a analizar.  
  • Otro caso, es el de Aranguren, que asumió el cargo de Ministro de Energía teniendo acciones en la principal empresa energética del país, Shell. Empresa que desde su cargo tenía que controlar.
  • Y uno de los casos más resonantes fue de CORREO ARGENTINO, cuando desde el Poder Ejecutivo se perdonó la deuda millonaria de Franco Macri y SOCMA (sociedad que también integraba el presidente) que tenía con el Estado argentino.

CONCLUSIONES:

Si queremos prevenir y perseguir la Corrupción de manera más eficiente necesitamos:

  1. Una visión integral: no podemos detenernos solamente en la corrupción de funcionarios públicos, sino también centrarnos en delitos del poder económico (evasión, fuga, lavado, monopolios).
  2. Por otra parte, hay que fortalecer organismos de control: OA, UIF, AFIP, BCRA, IGJ, CNV, AGN, SIGEN
  3. También es necesario fortalecer el sistema de justicia. Es clave que se implemente el nuevo CPPN (que hace dos años decidieron postergar sin fecha cierta).
  4. Hay que reorganizar los Ministerios Públicos Fiscales de todas las provincias. También hay que impulsar el recupero de activos en todos los casos de criminalidad compleja. Y tener una justicia que actué de manera estratégica y proactiva.
  5. Por último, si se va a combatir realmente el fenómeno de la corrupción no debe hacerse desde las apariencias regulando solo los casos de los familiares de los/as funcionarios/as que ocupan cargos en el Estado, sino que deben regularse los problemas serios como lo son los casos de conflicto de interés.

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  • Martina Cirimele

    Estudiante de Derecho UBA. Cargo multifunción en el CIPCE, desde community manager hasta organizadora y coordinadora de nuestros cursos!

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