En los últimos años, Argentina ha sido víctima de sucesivos hechos de corrupción por parte de sus funcionarios públicos. Desde 1995 en la causa sobre Contrabando de armas a Ecuador y Croacia, hasta la actualidad con las últimas causas que están siendo tratadas en sede judicial sobre funcionarios de los últimos gobiernos, pasando por las tragedias de Cromagnon y Once, estos años estuvieron plagados de causas donde se involucraron funcionarios públicos con malversaciones de fondos públicos, enriquecimientos ilícitos y administraciones fraudulentas, entre otros delitos.

Todas estas causas traen consecuencias económicas desventajosas para el Estado, un debilitamiento a las instituciones democráticas de nuestro país -por la deslegitimación que sufre el sistema-, y violaciones a los derechos humano.

Por estas razones, creemos que es de suma importancia analizar y pensar la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, pensando a la corrupción no sólo como un problema judicial y económico, sino también -y principalmente- como un obstáculo para la plena realización de derechos.

¿Por qué partimos de esa idea?

Los actos de corrupción en la función pública distorsionan los regímenes de incentivos para que los funcionarios público adopten decisiones, es decir, que en lugar de guiarse por el mandato de representante que les fue conferido por la población y por la búsqueda del bien común, se guían por sus intereses personales. De esta forma, en lugar de invertir los recursos del Estado en la efectivización de derechos sociales, económicos y culturales como la salud, la educación y las viviendas, entre otros, se invierten en negociados para obtener beneficios individuales de quienes ejercen actos de corrupción, fuera de los intereses y necesidades de la sociedad.

De esta forma, estos actos de corrupción se imponen como obstáculos y restricciones para la plena realización de derechos, trayendo aparejadas violaciones a los derechos humanos, con especial impacto sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables, ya que son los que más necesitan de políticas públicas activas.

Entender la conexión entre la corrupción y los derechos humanos nos permite empoderar a quienes tienen reclamos legítimos para exigir sus derechos contra la corrupción, y generar mayores niveles de conciencia sobre el problema de la corrupción y la importancia de la lucha contra ella.

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  • Tamara Laznik

    Estudiante de Abogacia en UBA, trabajando por y para un mundo de libres e iguales en el area de Fortalecimiento de las Instituciones Democraticas ACIJ

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