En los últimos años la problemática del crimen organizado ha ido creciendo en América Latina constituyendo un obstáculo para el pleno goce de los derechos humanos y para el desarrollo de la región.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), ratificada por Argentina en el año 2002, define al fenómeno de la siguiente forma: “Por ‘grupo delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Los delitos que comprenden al crimen organizado son la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de órganos, entre otros. A su vez, en general, este tipo de delincuencia se encuentra asociada a la violencia, la corrupción, el lavado de dinero y la vinculación a nivel transnacional.

Actualmente Latinoamérica está siendo víctima de la delincuencia organizada, la cual es responsable de muertes, desapariciones, de constantes violaciones a los derechos humanos, y de la violencia generalizada que está sufriendo la región.

Frente a esta situación, a nivel regional, se conformó la Red ALAS (América Latina Alternativa Social), un proyecto promovido por Libera Internacional, integrado por organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. La red cuenta con organizaciones que trabajan la temática del crimen organizado, con enfoques distintos como el trabajo en incidencia en políticas públicas, la investigación, la prevención social, y el trabajo con víctimas.

El objetivo de la Red Alas es fortalecer y difundir una cultura de paz, legalidad, justicia social, reparación del daño y mantener viva la memoria de las víctimas, en América Latina, y funcionar como una herramienta de coordinación y conexión entre las organizaciones tanto a nivel nacional como regional.

En diciembre de este año se realizó la segunda Asamblea de la Red ALAS, de la cual tuvo la oportunidad de participar ACIJ. En ese marco, compartimos unas reflexiones sobre algunas cuestiones en torno al crimen organizado.

Crimen organizado y derechos humanos

El crimen organizado, y su crecimiento a nivel nacional y transnacional en los últimos años, afecta fuertemente al goce de los Derechos Humanos. En particular, es posible afirmar que la criminalidad organizada impacta al menos de dos formas sobre los Derechos Humanos:

  • Forma directa: en aquellos casos donde la delincuencia organizada impacta sobre el humano en sí mismo. Por ejemplo, en los casos de delitos de trata de personas, los cuales violenta la dignidad de las personas, y también, se debe tener en cuenta que el avance del crimen organizado suele generar condiciones de inseguridad en la sociedad, lo que afecta al derecho a la seguridad de los habitantes.
  • Forma indirecta: dado que en general la delincuencia organizada tiene como víctimas a grupos vulnerables, retroalimentando las condiciones de exclusión y estigmatización social. A su vez, afecta el desarrollo de los países, dado que genera gastos elevados para las sociedades que quieren combatir estos fenómenos de criminalidad, perdiendo la oportunidad de destinar esos recursos a la mejora de las condiciones socioculturales de las poblaciones, y que la inseguridad física y jurídica que el crimen organizado origina, limita de manera concreta las posibilidades de desarrollo personal de los ciudadanos.

Por otro lado, no debemos dejar de tener en cuenta las formas en que se combate el crimen organizado. En este sentido, en muchos casos, el tipo de estrategia que utilizan los Estados, en lugar de pacificar las tensiones que existen, aumentan las afecciones a los derechos humanos, por medio de prácticas violentas y estigmatizantes.

Teniendo en cuenta esto, es de suma importancia contar con el compromiso de las sociedades y de los Estados en la lucha contra el crimen organizado, y que la misma tenga como prioridad el respeto de los derechos humanos.

Crimen organizado y democracia

El avance del crimen organizado no sólo importa una fuerte afectación a los derechos humanos, sino que también tiene un fuerte impacto en el debilitamiento de nuestros sistemas democráticos.

Esto se debe en primer lugar a que la criminalidad organizada se caracteriza por establecerse en un determinado territorio y pretender controlarlo, lo cual supone el desplazamiento de la presencia estatal en ese ámbito y su reemplazo por parte de estas organizaciones, carentes de legitimidad democrática. En segundo lugar, uno de los fenómenos asociados a la criminalidad organizada es la corrupción, fenómeno ilícito que lleva a la ruptura de la relación de representación entre los funcionarios públicos corrompidos y los ciudadanos, dado que éstos, en lugar de guiar su mandato en la búsqueda del bien común, se guían por sus intereses personales. Asimismo, este fenómeno erosiona la confianza ciudadana y deslegitima a las instituciones democráticas.

De esta forma podemos ver que el crimen organizado comprende consecuencias tanto políticas y económicas, como sociales y culturales, y que trae fuertes violaciones a los derechos humanos y graves consecuencias para nuestras democracias. Por estas razones es sumamente importante que los Estados y las sociedades destinen sus mayores esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y en la defensa de los derechos humanos.

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  • Tamara Laznik

    Estudiante de Abogacia en UBA, trabajando por y para un mundo de libres e iguales en el area de Fortalecimiento de las Instituciones Democraticas ACIJ

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