La lucha contra la corrupción fue una promesa de campaña de varios candidatos en las últimas elecciones, y un tema que ha formado parte de la agenda política este año, al punto que actores de peso del gobierno, e incluso el propio Presidente, manifestaron su alto interés por combatir la corrupción.

Enfrentar la corrupción exige políticas públicas activas que apunten principalmente a prevenir la corrupción, aunque también a perseguir y sancionar aquellos hechos que no se pudieron prevenir.  Sin embargo, y a pesar que en existieron avances importantes en los últimos meses, aún tenemos muchas deudas y desafíos en la lucha contra la corrupción.

A continuación, se presentarán seis temas en los cuales es urgente avanzar:

Acceso a la información pública

El Acceso a la Información Pública consiste en el derecho de toda persona a acceder a información en poder del Estado. Este derecho es una herramienta clave para conocer cómo funcionan las instituciones y cómo se ejecutan los recursos públicos. El acceso a la información pública es de gran importancia para mejorar el diseño e implementación de políticas públicas, permitir la efectiva rendición de cuentas de los funcionarios públicos y el control ciudadano hacia ellos, y para hacer más transparente la actividad estatal.

En septiembre pasado fue promulgada la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública N° 27.275, lo cual significó un gran avance en materia de transparencia. Sin embargo aún es un desafío su reglamentación y consecuente implementación. Es de suma importancia que la reglamentación de la norma en cada poder del Estado sean realizadas en forma participativa y de acuerdo a los más altos estándares internacionales en la materia. Deberá prestarse especial atención, a la efectiva implementación de la políticas de transparencia activa y producción de información accesible, en formato abierto y reutilizable, previstas en la Ley de Acceso a la Información.

Declaraciones Juradas

Las declaraciones juradas de funcionarios/as públicos/as representan una de las herramientas más importantes con las que cuenta la sociedad civil para conocer los bienes, ingresos y antecedentes laborales de quienes ejercen cargos públicos. Se trata de herramientas claves para detectar posibles enriquecimientos ilícitos, incompatibilidades y conflictos de intereses.

Es por eso que el libre libre acceso a las declaraciones juradas es clave, dado que constituye un requisito para el control ciudadano. Tras la reforma del régimen de declaraciones juradas del año 2013, si bien se estableció la publicidad online de las declaraciones juradas, la reglamentación terminó por reducir la la cantidad y calidad de información disponible para el control, al haberse vedado el acceso público a información sobre los/as cónyuges e hijos/as menores y los datos sobre antecedentes laborales. A ello se suma que la información publicada es poco precisa, lo cual reduce las posibilidad de control (por ejemplo no permite saber con precisión el valor de los bienes declarados, lo que impide evaluar si los ingresos declarados eran o no suficientes para adquirirlos).

Por lo tanto, es importante la reincorporación de esta información a los formularios. Al mismo tiempo, debe ser implementada la accesibilidad online de las declaraciones juradas del Poder Judicial, ya que es el único Poder que incumple con esta regulación. Por último, deben reformarse los mecanismos de control sobre la presentación de las declaraciones juradas, ya que en el Poder Ejecutivo la Oficina Anticorrupción carece de la independencia necesaria para realizar ese control, y el Poder Legislativo y el Poder Judicial no cuentan con ningún órgano en sus órbitas para hacerlo.

Financiamiento de la política

El financiamiento de la política es un tema clave en el que se debe avanzar. La preocupación reposa sobre ddos cuestiones centrales: 1. La necesidad de asegurar la equidad de competencia entre los partidos políticos; 2. Asegurar la transparencia del sistema electoral, y así evitar el uso de fondos ilícitos para hacer campaña electoral, y detectar potenciales conflictos de intereses derivados de los aportes privados a las campañas.

Es indispensable la regulación de la publicidad oficial, y así como mejorar el régimen de financiamiento de la política. Sobre esto último, es necesario generar un sistema de control y sanción efectivo, y establecer un monto máximo para los aportes en efectivo, aumentando la bancarización para poder hacer un control sobre los aportes privados. También es necesario dar lugar al necesario debate sobre el tipo de régimen de financiamiento (público, privado o mixto) que creemos mejor para nuestro sistema electoral, postergado durante años.

Órganos de control

Los órganos de control son los entes gubernamentales encargados de monitorear la transparencia en la administración y en la ejecución de los recursos públicos, yde  supervisar la eficiencia, economía y eficacia de las políticas públicas. De esta forma, se presentan como actores claves en la lucha contra la corrupción.

Entre las reformas que son necesarias hacer en esta materia se encuentra la reforma de la Ley 24.156, a fin de dotar a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de mayor autonomía. Es necesario aprobar una Ley Orgánica para la AGN, que reglamente el art. 85 de la Constitución Nacional, y amplíe las facultades de la AGN para realizar controles en tiempo real y que sus informes sean considerados oportunamente. A su vez, se deben regular detalladamente los mecanismos de elección de los miembros del Colegio de Auditores para asegurar que la mayoría de sus miembros sea propuesta por espacios políticos opositores.

A su vez, es indispensable obligar a la SIGEN a hacer públicos sus informes de control en su sitio web.

La designación del Defensor del Pueblo por parte del Congreso de la Nación continúa siendo una deuda pendiente. Habiendo pasado más de siete años desde la renuncia del Defensor del Pueblo titular, y dictados dos fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia y otro de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenando la designación del Defensor del Pueblo, no hay tiempo para más excusas: el Defensor del Pueblo debe ser designado a través de un procedimiento transparente y participativo, que asegure la idoneidad del candidato seleccionado.

Finalmente, debe reformarse el diseño institucional de la Oficina Anticorrupción, con el fin de dotarla de autonomía funcional y autarquía financiera, dada la necesidad de asegurar su independencia del Poder Ejecutivo para poder cumplir con su actividad de control.

Sistema Judicial

El sistema judicial tiene el rol de investigar y sancionar la corrupción, y de recuperar los activos que hubieran sido apropiados indebidamente a través de los actos de corrupción. Nuestro sistema judicial posee déficits estructurales que le impiden cumplir acabadamente con esas funciones.

Para mejorar el funcionarmiento de las agencias judiciales, se requiere:

-Implementación del Código Procesal Penal de la Nación en la Justicia Federal.

-Generar mecanismos transparentes para la designación de jueces federales, que favorezcan a asegurar su independencia.

-Reformar el régimen de procesos disciplinarios contra los federales, a efectos de transparentarlo y evitar que pueda ser utilizado para ejercer presiones idebidas contra ellos.

-Transparentar el proceso penal permitiendo el libre acceso de la ciudadanía a los casos penales de corrupción, con el fin de aumentar el control ciudadano sobre la actividad judicial.

-Ampliación y mejoramiento de los mecanismos de participación ciudadana en la justicia, como las audiencias públicas y los amicus curiae.

-Transferencia de la administración de los fondos del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura, como establece el art. 114 inc. 3 de la CN.

-Ampliación del control externo sobre el Consejo de la Magistratura por parte de la AGN.

-Transparentar la actividad de las agencias de inteligencia, a efectos de evitar la intromisión indebida en la actividad judicial.

Compras y contrataciones

Es de amplio consenso entre los expertos que uno de los filtros más grandes para la corrupción en las gestiones públicas es el sistema de compras y contrataciones. Además de vetusto, nuestro sistema de contratación pública es poco transparente, y es necesaria su reforma urgente, a efectos de dotarlo de mayor competencia, transparencia y participación ciudadana.

El régimen legal de contrataciones debería limitar la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos a la licitación pública, y dejar para casos totalmente excepcionales las contrataciones directas. Es preciso además mejorar el acceso a información de todos los procedimientos de compras y contrataciones, y en especial la relativa a contrataciones no realizadas por licitaciones públicas, así como incrementar la publicidad de los expedientes mediante mecanismos sencillos de acceso y visualización que permitan el control.

A su vez, se debería establecer la publicación online y accesible de todos los contratos suscritos por el Estado en el marco de compras y contrataciones de cualquier bien, servicio u obra.

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  • Tamara Laznik

    Estudiante de Abogacia en UBA, trabajando por y para un mundo de libres e iguales en el area de Fortalecimiento de las Instituciones Democraticas ACIJ

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