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El caso Antonini Wilson: el decomiso del dinero explicado en 10 puntos - Sin corrupción

En 2007, el empresario Antonini Wilson viajó a Argentina desde Venezuela. Intentó ingresar 800 mil dólares ocultos en su equipaje, sin haberlos declarado como la ley exige. Los controles aduaneros detectaron esto y así se inició una investigación en la que siempre se sospechó que ese dinero se transportaba para financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria.
En septiembre de este año, el caso tomó un giro inesperado: a pedido de la fiscal Rivas Diez, el juez a cargo del caso, Pablo Yadarola, decidió decomisar el dinero sin que los acusados hayan sido condenados. Así, el Estado argentino pasó a ser el dueño de ese dinero, en una resolución sin precedentes.
Analicemos el fallo del juez en 10 puntos:

El decomiso es la medida por la cual el Estado pasa a ser el dueño de algo (dinero, autos, inmuebles), de manera definitiva. Siempre se trata de bienes que son la ganancia de un delito, o de bienes que han sido usados para cometer ese delito. Tradicionalmente, en nuestro país esta medida ha sido considerada una pena, por lo cual se exigía que los acusados fueran condenados para que recién a partir de ese momento pudieran decomisarse sus bienes (ya que a nadie debe aplicársele una pena sin que antes haya sido condenado).
En 2011, la nueva ley de lavado de dinero (ley nº 26.683) introdujo en nuestro Código Penal la figura del decomiso sin condena. De esta forma, en ciertos casos se permitió que el Estado pudiera decomisar bienes por más que los imputados no hayan sido condenados todavía (y tal vez nunca lo sean).
Sin embargo, hasta ahora nunca se había aplicado esta figura. No había trascendido ningún caso en el que se hubiera aplicado un decomiso sin condena. Para saber esto dependemos de estar en permanente contacto con quienes trabajan estos temas, ya que el Poder Judicial jamás ha difundido una base de datos donde se puedan consultar este tipo de cuestiones. La Organización de los Estados Americanos (OEA) le ha criticado esto al Estado argentino y le ha recomendado al Poder Judicial que brinde información detallada y actualizada sobre el dinero recuperado en casos de corrupción. Han pasado años de esa recomendación y la Corte Suprema aún no ha cumplido.

Normalmente, una ley penal se aplica a los hechos futuros, no a los pasados. Sin embargo, aquí tenemos una ley de 2011 que se aplica a hechos de 2007. ¿Cómo ocurrió eso?
Lo que sucedió es que algunos de los tribunales que habían intervenido en este caso entendieron que la ley de 2011 era más beneficiosa para los acusados que la ley anterior. Frente a esto, la fiscal del caso sostuvo que si entienden que ésa es la ley más benigna, entonces tiene que ser aplicada en su totalidad. Y su totalidad incluye, justamente, a la figura del decomiso sin condena.

Varias ONGs hemos reclamado desde hace tiempo que el dinero recuperado en casos de corrupción tenga un destino social — que se utilice para la construcción de hospitales, escuelas, obra pública. Son muchas las razones para defender esta postura, tanto desde el punto de vista social y político como desde la cuestión jurídica y técnica.
El caso Alsogaray representó uno de los puntos más altos de este debate. Cuando la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito, la Justicia decidió decomisar un petit hotel que era de su propiedad, ubicado en el barrio de Recoleta.
Desde el CIPCE participábamos en esta causa bajo una figura que la ley llama “amigos del Tribunal”. A través de esta vía, solicitamos que el dinero obtenido en la subasta del hotel fuera destinado al Hospital Garrahan. Después de muchos años, finalmente la Corte Suprema rechazó nuestro pedido, por más que algunos jueces individualmente habían apoyado la idea.
En el caso Antonini, el juez dispuso que el dinero tenga un destino social, justamente para reparar el daño que estos delitos causan a la sociedad.

Éste es, justamente, uno de los principales planteos que hemos hecho desde CIPCE. La utilización del dinero recuperado en políticas públicas concretas y tangibles permite visibilizar el problema y concientizar sobre la importancia de este tipo de medidas.

Este punto es interesante. Para las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos estos temas, sin dudas es sumamente positivo que los jueces reconozcan nuestras demandas y que asuman el rol político que corresponde. Incluso, aquí el juez toma argumentos del debate legislativo actual sobre la ley de extinción de dominio, donde también hemos participado varias organizaciones.

Su argumento consiste en que no puede ser el Poder Judicial quien decida adónde irán esos bienes concretamente, sino que es el Ejecutivo quien debe encargarse de esto. Aquí, disentimos. Esto no tiene por qué ser así. No hay ninguna norma que diga esto, y de hecho hay una norma que dice lo contrario: el art. 522 del actual Código Procesal Penal de la Nación dice que los jueces darán a los objetos decomisados “el destino que corresponda según su naturaleza”

Este punto no es menor. Tradicionalmente, los ojos de la mayoría se centran en el fuero federal criminal, y puntualmente en los casos de funcionarios públicos. Este precedente del fuero penal económico sirve para recordarnos que nuestra mirada tiene que ser más amplia.

Acá disentimos enteramente. El decomiso no es una pena, pero no lo es por otras razones más complejas y que analizaremos en otro momento. Si alguien reclamara ese dinero, igualmente se debería poder decomisar, en tanto y en cuanto se demuestre la relación entre el dinero y el delito.
Este argumento del juez puede pasar desapercibido en este caso. Pero puede generar un precedente problemático para otros casos en los que los imputados sí reconozcan ser dueños de los bienes (a diferencia de lo que aquí ocurrió con Antonini Wilson y los demás imputados).

El único requisito para aplicar un decomiso sin condena debería ser que se demuestre la relación entre los bienes y el delito. El hecho de que la persona pueda ser juzgada o no, debería ser algo secundario. De lo contrario, se sigue pensando al decomiso como un castigo, ya que es algo ligado al juicio de responsabilidad penal. Sin embargo, este fallo se basa en el hecho de que los imputados no pueden ser juzgados, tanto por haberse fugado como por haber sido declarada la prescripción.
Esto no es culpa del juez ni de la fiscal, sino de los legisladores. El decomiso sin condena debería estar mejor regulado, para no incurrir en las incoherencias actuales. Por eso, es importante no repetir el mismo error con la ley de extinción de dominio, y dar un buen debate.

Destaquemos a la fiscal y al juez, que impulsaron una medida novedosa y fundamental. Pero tampoco nos olvidemos que la resolución llega casi 10 años después de que se secuestrara el dinero. Esto nos muestra que nos falta mucho por mejorar, tanto a nivel legislativo como –sobre todo– en la práctica en los tribunales.

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