Nunca tan cierta aquella frase que dice que la realidad -y sobre todo la Argentina, cabría agregar- supera la ficción. Pero cuando nos referimos al funcionamiento de nuestro sistema democrático, aquélla afirmación parece tomar una entidad de dogma. Permítanme ilustrar el punto con un ejemplo.

A comienzos del Siglo XXI, tres jóvenes empresarios, ávidos de dinero, comenzaron a comercializar medicamentos adulterados a través de empresas que existían sólo en los papeles. Obtenida la ganancia, el siguiente paso era asegurar su blanqueo. Las opciones que se le presentaban a los tres empresarios eran varias: podrían haber comprado inmuebles suntuosos, o empresas deficitarias, o quizás podrían haber hecho un viaje a algún paraíso terrenal -de esos que abundan- y despilfarrar la riqueza en prácticas tan onanistas como efímeras. Pero, curiosamente, resolvieron hacer otra cosa: advirtieron–muy lúcidos ellos- que un campo ideal para lavar ese dinero era la política. Y entonces hicieron lo que cualquier sujeto racional y egoísta que busca maximizar su ganancia hubiese hecho: aportaron una importante cantidad de dinero en la campaña presidencial de un candidato. Los tres empresarios, un tiempo después, y por causas todavía no aclaradas, terminarían asesinados con un balazo en sus nucas, y con sus cuerpos arrojados en un descampado. El candidato beneficiado sería finalmente (re) electo(a).

Cualquier lector distraído podría pensar que esto es una suerte de mala sinopsis de alguna serie televisiva o bien de alguna crónica periodística de algún país atravesado por el problema del narcotráfico. Pero no. Esto sucedió en Argentina.

Con el ejemplo pretendo resaltar un punto que, al menos hasta ahora, ha pasado algo desapercibido: el vínculo entre el dinero ilegalmente obtenido y el financiamiento de la política en Argentina. Negar esta relación –con todas sus proyecciones políticas y sociales- parece, a estas alturas, un grave error. Un error, por otro lado, del que parece que no podemos/queremos salir.

“En la medida en que el dinero ilegal se entromete -también ilegalmente- en el sistema político, es la propia comunidad la que se resiente: aquellos que son electos para representar los intereses de la sociedad y tomar decisiones en función de las necesidades de ella se encuentran cooptados por la lógica del dinero”

Lo cierto es que en la medida que la democracia argentina ha perdido –o está en camino de hacerlo- la capacidad de generar consensos a través del debate –aquella virtud epistémica tan resaltada por algunos/as-, es el dinero el que está tomando el lugar de la deliberación y que funciona como medio de intercambio para lograr resultados o decisiones del sistema político. Es la variable económica –ilegal- la que define, entonces, las reglas del juego democrático. Dicho de otro modo, la política, como –casi- todo, se compra. Y para eso se necesita dinero. Mucho dinero. Más –mucho más- que el que suele ser declarado por los partidos políticos en sus presentaciones ante la justicia. El financiamiento de la política en Argentina, entonces, sufre de una alarmante opacidad.

Podría el lector pensar que esto es un problema, en definitiva, de la clase política, y que poco afecta su vida cotidiana. Pero esto, lamentablemente, es un error. En la medida en que el dinero ilegal se entromete -también ilegalmente- en el sistema político, es la propia comunidad la que se resiente: aquellos que son electos para representar los intereses de la sociedad y tomar decisiones en función de las necesidades de ella se encuentran cooptados por la lógica del dinero. Esto es lo que el teórico estadounidense Robert Post llama la violación a la “integridad representativa”: las decisiones que los procedimientos democráticos deberían tomar bajo ciertas reglas -muchas de ellas constitucionales- se encuentran afectadas por los intereses espurios de quienes aportan dinero ilegal. ¿Con qué objetivo? Justamente con ese: tomar las riendas del sistema político de modo de asegurar impunidad para la continuidad de sus negociados.

Podría el lector pensar que esto es un problema casi quimérico, o, peor, que carece de solución alguna. El escéptico tiene un punto fuerte en su favor: esta situación difícilmente pueda arreglarse sólo a través de alguna reforma legal a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley n°26.215). Es cierto que son muchas las mejoras que pueden realizarse; e igualmente cierto es que éstas son necesarias –y urgentes-. Ahora bien, intentando matizar el pesimismo realista que suele invadirnos, parece necesario recalcar que mientras no exista un abordaje integral que asuma que el financiamiento político de nuestro país está íntimamente vinculado con la utilización ilegal de fondos públicos, y con sectores empresariales de dudosa legalidad, seguiremos asistiendo a este tipo de episodios que, como Quijotes, nos dejan atrapados en ese límite etéreo que separa la realidad de la ficción.  

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  • Federico Orlando

    Federico es abogado (UBA), magister en derecho constitucional (UP), ex becario del Istituto Tarello per la Filosofia del Diritto (Universidad de Génova) y docente de la UBA. Coordina el GIAFIP (Grupo de Investigación y Acción sobre el Financiamiento Político) en el marco del CEPPAS.

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