Financiamiento de campañas

Cada vez que un partido político o candidato se enreda en un escándalo de corrupción durante el período electoral, un impulso común para remediar el problema es aprobar una nueva legislación, en lugar de prestar atención al problema más pertinente de corregir las deficiencias que impide el trabajo de la Cámara Nacional Electoral de supervisar la aplicación adecuada de las leyes de financiamiento de campañas. Mientras que es cierto que las leyes de financiamiento de campañas en Argentina están lejos de ser perfectas, estas leyes imponen restricciones cruciales a las contribuciones y gastos de campañas que, si se aplican adecuadamente, pueden ayudar crear un ciclo electoral justo, equitativo y transparente para sus ciudadanos. Por lo tanto, para poder disminuir la actividad ilegal en las campañas electorales, se deben hacer esfuerzos para solucionar los problemas que afectan a las autoridades de supervisión electoral.

De hecho, para dar sentido a las políticas financieras electorales establecidas, nuestro sistema regulador debe someterse a una reestructuración para abordar algunas de sus deficiencias. Tres cambios en particular podrían ser útiles para que estas agencias electorales puedan cumplir con su debido rol:

1. Dar más autonomía al Cámara Nacional Electoral

El presupuesto asignado a la CNE está determinado por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. Esto puede potencialmente abrir la puerta para que el poder ejecutivo restrinja los recursos financieros que la cámara electoral recibe, y aumenta la posibilidad de que el poder ejecutivo interfiera con la vigilancia del proceso electoral. Para crear elecciones justas e igualitarias, la cámara electoral debe estar libre de cualquier influencia externa que intente obstaculizar su capacidad de supervisar el mantenimiento de las elecciones.

2. Aplicar sanciones con consecuencias reales 

El actual sistema de sanciones establecido impone penas insignificantes para las partidos y candidatos que violen la ley. Muchas de estas sanciones son económicas y por lo general requieren el pago de una multa que es demasiado minúscula para causar preocupación a los individuos que decidan no cumplir con la ley. Aunque existen sanciones que suspenden a los candidatos de sus campañas por participar en actividades ilegales, estas sanciones raramente afectan a los candidatos de alto perfil, sino a los miembros de menor importancia en los partidos políticos. Aunque se debería tener cuidado en establecer sanciones demasiado extremas, es evidente que las sanciones que no imponen consecuencias reales por participar en actividades ilegales llevan a una falta de respeto por las leyes durante el período electoral.

3. Proporcionar al sistema regulador con los recursos económicos y humanos apropiados que necesita

Actualmente, la implementación de nuestras leyes de financiamiento de campaña se sitúa en las manos de 24 jueces federales, un grupo demasiado pequeño en número para abordar todos los casos de infracciones que emergen durante el período electoral en una manera eficaz. Para dar a la Cámara Nacional Electoral y los jueces federales el apoyo adecuado que necesitan para llevar a cabo la tarea de supervisar el ciclo electoral de un país de más de 40.000.000 personas, es necesario dar más apoyo financiero para su mantenimiento. Más recursos financieros darán al sistema regulador la capacidad de adquirir más recursos humanos, ya sean jueces o auditores adicionales, para facilitar la cantidad de trabajo requerida durante el período electoral.

Aunque nuestro sistema regulador no será fácilmente arreglados por estas tres recomendaciones, si podrá establecer la base para una serie de nuevas reformas que apuntan a fortalecer el poder de ejecución de la Cámara Nacional Electoral, y así establecer el escenario para un proceso democrático más justo.

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  • Steven estudia en la Universidad de Princeton y fue pasante de ACIJ dentro del equipo de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas.

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