Durante la audiencia pública celebrada en el Congreso de la Nación los días 20 y 21 de julio de 2017 para presentar el Estudio de Impacto Ambiental referido a las mega represas `Kirchner´ y `Cepernic´, el Ministerio de Energía de la Nación invocó reiteradamente el principio de continuidad del Estado y el contrato firmado con Gezhouba como una excusa o salvoconducto para continuar adelante con la ejecución de la obra a pesar de los daños permanentes e irreversibles que ocasionará el cuestionado proyecto hidroeléctrico sobre el Río Santa Cruz.

En verdad, si bien existen presiones comerciales por las cláusulas de cross default contenidas en los contratos, las mismas pueden someterse a una revisión y modificación a través de adendas, como han realizado en la actualización del proyecto. Cross default significa incumplimiento cruzado e implica que otras inversiones se caerán en caso de incumplirse con aquella comprometida en el contrato.

Los límites a los derechos individuales cuando están en juego derechos de incidencia colectiva (arts. 14 y 240 Código Civil y Comercial), la función socio-ambiental de la propiedad (art. 21 Convención Americana de Derechos Humanos) y el deber estatal de proteger el derecho al ambiente y de preservar el patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica (art. 41 Constitución Nacional) son valiosas herramientas legales y constitucionales para declarar la ilegalidad de la obra, la nulidad del contrato y evitar la destrucción del Río Santa Cruz, último río glaciario que corre libre desde la cordillera hasta el mar.

Nadie tiene un derecho adquirido a destruir un río, un paisaje, un ecosistema, una especie endémica.

Precisamente, el orden público ambiental permite que cualquier contrato en esa dirección sea revisado. En particular, el art. 960 del Código Civil y Comercial habilita a los jueces a modificar de oficio un contrato que afecta de modo manifiesto el orden público.

Hay tres casos, por lo menos, a nivel internacional donde se han cancelado proyectos. Uno de ellos es en Mongolia, donde se afectaba un patrimonio de la UNESCO, el lago Baikal. Otro caso es en Myanmar, el proyecto Myitsone, que iba a ser financiado por la empresa estatal china China Power Investment Corporation, donde ya se habían invertido más de 800 millones de dólares. Y, por último, el caso de Aguas Zarcas, que le costó la vida, en Honduras, a Berta Cáceres y donde, en sus inicios, había también involucrada una empresa de origen chino.

A nivel local, el año pasado la empresa estatal AYSA dejó sin efecto un contrato firmado con Gezhouba vinculado al proyecto “Río Subterráneo Sur” que persigue brindar agua segura a los habitantes de la zona sur del conurbano bonaerense.

Existen alternativas. Existen precedentes de cancelación de contratos para salvaguardar la naturaleza. Existen numerosos motivos legales para hacerlo. Entonces, surge la pregunta:

¿Por qué los abogados del Estado no trazan una estrategia para cancelar un contrato ilegal y defender nuestro patrimonio natural y cultural?

Para responder a este interrogante es necesario detener la mirada en el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías.

Cabe recordar que el Procurador del Tesoro depende directamente de la Presidencia de la Nación, tiene jerarquía equivalente a la de los Ministros del Poder Ejecutivo, dirige el Cuerpo de Abogados del Estado y asume la representación y defensa del Estado Nacional en juicio.

Uno de los bancos que brindó el 30% de los fondos para construir las represas, el  Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), es asesorado en nuestro país por el Estudio Saravia Frías Abogados. Al revisar el sitio web de ese Estudio jurídico puede advertirse algo poco usual en los sites de abogados porteños: la traducción al idioma chino. Evidentemente, ICBC es uno de sus clientes más importantes.

En este contexto, cabe interrogarnos si el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, defenderá el interés público estatal o los intereses privados del contrato financiado por el cliente estrella (ICBC) del que fuera su Estudio jurídico hasta hace poco tiempo atrás y que, en la actualidad, comanda su hermano Carlos Saravia Frías.

Es evidente que el Procurador del Tesoro, como jefe del cuerpo de abogados del Estado, se encuentra incurso en una situación de conflicto de intereses en los términos de los artículos 13 y 15  de la Ley de Ética Pública (Ley 25.188). La ley establece que un funcionario público debe abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos 3 años como asesor o consultor. 

Los intereses públicos y privados contrapuestos no son algo nuevo para el proyecto hidroeléctrico que pretende instalarse sobre el Río Santa Cruz.

Como hemos analizado anteriormente, otro funcionario clave que compromete la transparencia de esta obra es Jorge Hugo Marcolini, Subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Antes de ser funcionario público, fue Jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria en Ingeniería y Asistencia técnica Argentina S.A. (IATASA). Como consultor privado estuvo involucrado en la dirección de proyectos de las represas Cóndor Cliff (hoy Pte. Kirchner) y La Barrancosa (hoy Gob. Cepernic) y, de acuerdo a su declaración jurada, posee acciones en la consultora que asesoró a favor de la construcción de las represas que impactarán en el ecosistema del río glaciario. Esta situación le valió una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, una denuncia penal y verse imputado por la Fiscal Federal Pamela Ochoa por los delitos de `abuso de autoridad´ y `negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas´.

Si el contrato con Gezhouba fuera cancelado, el negocio de ICBC se vería frustrado.

El Procurador del Tesoro de la Nación debería excusarse de intervenir en la controversia judicial que existe alrededor de las represas  `Kirchner´ y `Cepernic´ y permitir que la defensa de los intereses públicos quede en cabeza de un abogado estatal independiente, sin intereses individuales en esta contienda. Sólo de esta manera podrá garantizarse que los intereses corporativos de entidades financieras y empresas no sepultarán, como los espejos de agua de una represa, los derechos colectivos de los argentinos a defender el patrimonio natural y cultural de nuestra Patagonia.

Aves Argentinas, FARN, Banco de Bosques, Fundación Vida Silvestre y Fundación Flora y Fauna, entre otras organizaciones ambientales, conforman la coalición por un “Río Santa Cruz sin Represas”. Al igual que un amplio espectro de la ciudadanía santacruceña, han defendido con fundamentos robustos y fervor los glaciares, los Parques Nacionales, los peces migratorios, las aves endémicas como el Macá Tobiano, el paisaje y la riqueza arqueológica ubicada sobre la cuenca del Río Santa Cruz. Ahora ha llegado el momento de que los funcionarios se hagan eco de la voz de ese río, pronunciada por la sociedad civil. Para hacerlo, es esencial contar con abogados del Estado que amen lo público y lo defiendan con pasión, sean independientes, transparentes, idóneos, y tengan en claro que un contrato ilegal y nulo nunca será más importante que la herencia ambiental que legaremos a las comunidades que aún no han nacido.  

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