Durante los días 2 y 3 de noviembre se llevó a cabo el II Congreso Nacional de Organismo de Control de Personas Jurídicas y Registros Públicos, organizado por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza junto con la Dirección de Personas Jurídicas de dicha provincia y la Universidad de Mendoza. Participaron Registros y Direcciones de Personas Jurídicas de todo el país.

En este marco se debatieron diversas cuestiones relacionadas a la registración y fiscalización de entidades comerciales y civiles por un lado, y por otro -y por primera vez- tuvieron lugar temas relacionados específicamente al control en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. Dentro de estos, uno de los temas centrales fue el relacionado a la identificación del beneficiario final.

Tal como lo dispone la ley 25.246,  los Organismos de control de personas jurídicas y los Registros Públicos son sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y por lo tanto deben arbitrar los medios para la obtención de cierta información a los fines de colaborar con la supervisión en materia antilavado y financiamiento del terrorismo que realiza dicha Unidad.

La UIF -dentro de todo su abanico normativo- dictó la resolución n° 29/2011, específica para los mencionados sujetos obligados y allí definió al Beneficiario Final como “la o las personas físicas que tengan como mínimo el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica.”

En otras palabras, podemos decir que el beneficiario final es o son todas las personas humanas que en última instancia perciben el producido económico del negocio de la empresa, del fideicomiso, de un acuerdo de colaboración empresaria,  o bien de otra persona humana que actúa en su nombre como testaferro, por ejemplo. Por lo tanto, esta persona humana no necesariamente deberá coincidir con aquellas que surjan de un registro de accionistas de una sociedad anónima o de socios de otro tipo societario. Identificar a esta persona nos permitirá vislumbrar quién se encuentra detrás del entramado utilizado para la comisión de delitos, en su mayoría, relacionados con la criminalidad económica.

En la práctica delictiva la figura del beneficiario final se oculta a través de empresas fantasmas, de estructuras complejas societarias formadas por diversas capas de personas jurídicas o bien de distintas personas prestanombres. Estas metodologías se ven agravadas cuando las estructuras son multi jurisdiccionales, ya sea dentro del propio país o atravesando fronteras.

Actualmente sólo se requiere información sobre el beneficiario final en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo registro y organismo de control se encuentra a cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Las restantes jurisdicciones se encuentran en un proceso de adaptación de su normativa a las exigencias de la UIF en la materia, por lo que en poco tiempo seguramente estaremos contando con información relacionada al beneficiario efectivo en más puntos de nuestro país.

La Inspección General de Justicia receptó en el artículo 510 del Anexo A de la Resolución General IGJ n° 7/2015  la definición provista por la UIF y la implementó a través de una de declaración jurada conforme prevé el artículo 518. Dicha norma nos indica en qué oportunidad y de qué modo debe brindarse tal información en los trámites efectuados por sociedades nacionales, binacionales, sociedades constituidas en el extranjero y/o de registración o modificación de contratos asociativos o contratos de fideicomiso. Deberá informarse quién/es reviste/n la calidad de beneficiario/s final/es de la sociedad, contrato asociativo o contrato de fideicomiso, según se trate. En el caso de las sociedades constituidas en el extranjero ya inscriptas, resulta también exigible en oportunidad del cumplimiento del régimen informativo establecido por los artículos 237, 251, 254 de las normas de la IGJ. Igual exigencia fue incorporada a la normativa para las Sociedades por Acciones Simplificadas, Resolución IGJ  6/2017. Desde el año 2015, la IGJ cuenta con un registro de beneficiarios finales, en soporte papel, de aquellas entidades inscriptas en su jurisdicción.

Siendo que tales organismos no tienen delegada expresamente la competencia en materia de fiscalización y supervisión en el cumplimiento de la normativa antilavado —como sí la tienen otros organismos del Estado, tales como la Comisión Nacional de Valores, el INAES, la AFIP y la Superintendencia de Seguros de la Nación— su función se limita a la de recabar información que sea de utilidad para la investigación de los posibles delitos. Además, por supuesto, de cumplir con la obligación de arbitrar todos los medios que sean necesarios para detectar aquellas operaciones pasibles de ser sospechadas o de estar encubriendo la comisión del delito del lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

La figura del beneficiario final cada día va tomando más relevancia y uno de los motivos fundamentales, no es ni más ni menos, que el aumento en la detección del uso de personas jurídicas como pantallas para cometer delitos.

Su identificación es vital para poder rastrear el camino del dinero, de las operaciones delictivas, de las personas involucradas, de la inteligencia que ocurre detrás de ellas, entre otras cuestiones.

Del Congreso se pudo advertir una gran preocupación y compromiso por parte de los Registros de implementar sistemas digitales que permitan la carga obligatoria por parte de las personas o estructuras jurídicas de quien/es resulten ser sus beneficiarios efectivos.

Tanto brindar como recabar información completa son parte del proceso para combatir el crimen organizado. El acceso a la información y la transparencia resultan ser pilares fundamentales de esta lucha por lo que el rol de los particulares y  agentes del estado resulta esencial.

Por ello, darle impulso al Registro Nacional de Sociedades fue también un tema central de debate. Si el Registro funcionara como fue pensado al sancionarse la ley n° 26.047, sería una herramienta sumamente valiosa, como fuente de información y como colaborador en la armonización de la normativa de las diferentes jurisdicciones, en especial para que todas remitan los mismos datos -completos y de calidad- de aquellos sujetos que se encuentren bajo su órbita de competencia. Contar con un Registro Nacional ágil y completo, es una cuenta pendiente cuya demanda por los restantes organismos del estado, en especial del Poder Judicial y el Ministerio Público, es cada vez mayor.

Resulta de vital importancia que el Estado nacional y los Estados provinciales doten de recursos, especialmente tecnológicos, a los registros públicos y organismos de control de personas jurídicas para que la información recabada pueda ser procesada y  consultada de forma eficiente y dentro de plazos razonables. Ello permitirá dar acabado cumplimiento con las exigencias que en especial requiere esta materia y las fijadas por los estándares internacionales.

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  • Maria Eugenia Marano

    Abogada. Especialista en Derecho de la Empresa. Oficial Mayor relatora de la Fiscalía General Ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Investigadora del Cipce.

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