En el Senado de la Nación se está debatiendo un proyecto de ley sobre “extinción de dominio” que cuenta con media sanción. En líneas generales, quienes lo defienden afirman que se trata de una herramienta indispensable para “recuperar lo robado” y fortalecer la persecución de los delitos complejos, atacando su aspecto económico. Por el contrario, quienes se oponen al proyecto suelen sostener la inconstitucionalidad de esta regulación, ya que este decomiso de bienes por vía civil afectaría el principio de inocencia y la inviolabilidad de la propiedad, entre otros derechos y garantías.

La persecución penal de la criminalidad organizada se ha caracterizado por su ineficacia. La evolución de estas formas de delincuencia en las últimas décadas a nivel mundial ha llevado a los Estados a coincidir en la importancia de incidir sobre el aspecto económico de estos fenómenos. Con realidades criminales que se desarrollan mediante formas de mercado, se vuelve fundamental que el Estado pueda recuperar los bienes ilícitos que circulan: dinero, autos, inmuebles, campos. Entre otras cuestiones, esto permite utilizar esos bienes aplicándolos a políticas públicas que reparen el daño social causado, al mismo tiempo que impide su utilización para retroalimentar circuitos de ilegalidad. El recupero de estos activos involucra una serie de procesos interrelacionados: la identificación y localización de los bienes, su cautela (para evitar que desaparezcan), su administración (en distintas circunstancias) y su decomiso. Esta última medida implica que el Estado adquiere de manera definitiva la propiedad de los bienes.

En varios países de América Latina, desde hace años comenzó a utilizarse la denominación de “extinción de dominio” para aludir a una forma particular de decomiso de bienes. Así, tanto a través de leyes modelo elaboradas por organismos internacionales como a partir de legislaciones positivas de distintos países –con Colombia a la cabeza–, comenzó a regularse una acción que básicamente se dirige contra bienes que tienen un origen delictivo o que han sido utilizados para cometer un delito. Esta acción suele tramitarse en un fuero distinto del penal, que es el fuero donde tradicionalmente se aplica –o se debería aplicar– el decomiso que regulan los códigos penales de cada país.

Del mismo modo que esta acción se separa del proceso penal, también se separa de la necesidad de que exista una condena en sede penal. Sí resulta necesaria una sentencia dictada por un juez, pero se entiende que la responsabilidad penal de la persona y la ilicitud de los bienes son cuestiones que pueden ser juzgadas por distintos tribunales, en distintos fueros, con distintas consecuencias y mediante distintos estándares probatorios.

Para responder esto, primero tenemos que entender en qué consiste el decomiso. Fundamentalmente, cuál es su naturaleza y cuáles son sus fines. Si consideramos que el decomiso es una pena (un castigo), entonces será necesario que haya una condena, porque según nuestra Constitución Nacional nadie puede ser penado sin haber sido juzgado y condenado. Pero si entendemos que el decomiso no es una pena sino una medida de otro tipo, la situación cambia.

Supongamos que Juan, un niño de seis años, estuviera jugando con sus autos de plástico. Imaginemos que Juan viera a Martín, quien está jugando con su propio juguete: un muñeco. Juan deja sus autos, se lleva uno solo de ellos y con ese auto le pega a Martín hasta que logra sacarle el muñeco.

Nosotros presenciamos esa situación, frente a la cual decidimos intervenir con tres acciones: le quitamos el muñeco a Juan y se lo devolvemos a Martín; le quitamos a Juan el auto con el que le pegó a Martín; y le prohibimos a Juan mirar televisión por una semana.

La pregunta que me interesa a analizar es la siguiente: ¿con cuáles de estas acciones se busca castigar al niño? ¿Qué medidas reflejan la intención de infligirle un mal, por más leve que sea?

Cuando le sacamos el muñeco a Juan y se lo devolvemos a Martín, no estamos buscando aplicar un castigo. Lo que pretendemos es que el juguete regrese a su legítimo propietario. Desde luego, a Juan seguramente no le agrade que le quiten el muñeco, pero eso no significa que uno esté buscando castigarlo. Lo que se intenta es volver a un estado de situación donde cada uno posea objetos cuya propiedad haya adquirido lícitamente. Esto sería el equivalente al decomiso de las ganancias (producto o provecho) que genera el delito.

Tampoco al quitarle el auto buscamos castigar a Juan. Lo que se pretende es que los objetos que los niños tienen no solo hayan sido adquiridos lícitamente, sino que también sean usados de ese modo. Por eso es que le quitamos únicamente el auto que usó para pegarle a Martín, pero no los demás, que estaban siendo utilizados correctamente. Esto sería el equivalente al decomiso del instrumento del delito.

Finalmente, cuando a Juan le prohibimos ver televisión, aquí sí estamos buscando castigarlo. Con esta medida se pretende infligir un mal al niño. Un mal sumamente leve, por supuesto, pero un mal al fin. Pensándolo en términos del proceso penal, aquí vemos la aplicación de la pena. Podremos discutir por qué razón hacemos esto: ¿es para lograr que el chico recapacite y no repita su actitud? ¿Es para que sus hermanos vean ese castigo y entonces desistan de conductas similares en el futuro? Cada uno adoptará la teoría de la pena que desee, pero coincidiremos en que la medida que hemos tomado implica infligir un mal.

¿Por qué utilizamos un ejemplo tan básico e infantil? Porque justamente, se trata de interacciones humanas tan elementales que suelen ser frecuentes en nuestras vidas, y en estas situaciones entendemos a la perfección qué buscamos con cada una de nuestras medidas. Sabemos cuándo hacemos algo para castigar al niño y cuándo tomamos una medida por otra razón.

No existe ningún obstáculo penal ni procesal para trasladar este razonamiento al análisis de la figura del decomiso y la extinción de dominio. Éste ha sido el principal acierto del proyecto de ley que aquí debatimos: romper la tradicional relación entre decomiso y condena, al poner en discusión la naturaleza misma del decomiso.

Decíamos al comienzo que las críticas a este proyecto se han centrado fundamentalmente en su supuesta inconstitucionalidad, por violar el principio de inocencia y el derecho de propiedad. En base al breve desarrollo que hemos esbozado hasta aquí, vemos que esta línea de objeciones responde a un entendimiento errado del recupero de activos y del decomiso en particular. Ahora bien, esto no significa que el proyecto no merezca otra serie de críticas, ya que son varios los errores y puntos confusos que presenta. Esto es lo que desde CIPCE hemos planteado en las reuniones de comisión del Senado. Aquí veremos solo algunas cuestiones.

Como primer punto, es preocupante la ausencia de debate que existió en la Cámara de Diputados. Esa práctica, que lamentablemente suele ser frecuente, en este caso implicó que muchos legisladores siguieran sin comprender correctamente las figuras que están regulando. Es así que se obtuvo como resultado una regulación incoherente, ya que por un lado se afirma la autonomía de la acción de extinción de dominio respecto de la persecución penal, pero al mismo tiempo en varios artículos se evidencia que se sigue pensando a aquélla como algo vinculado a un juicio sobre responsabilidad penal. Así es que en Diputados se planteó la necesidad de exigir un procesamiento previo en sede penal, lo que finalmente se plasmó en el articulado como la exigencia de indagatoria previa (art. 23). Esto no es un ejemplo de una dinámica legislativa democrática, que concilia las posturas de diversos bloques; esto es, directamente, una regulación incoherente.

Nos encontramos además con un proyecto que puede generar serios problemas de competencia, ya que incide sobre bienes que actualmente son cautelados y decomisados por Justicias provinciales.
En líneas generales, la extinción de dominio no es tratada aquí como una más de las herramientas con las que cuentan los Ministerios Públicos para diseñar y ejecutar sus políticas criminales, conforme a la realidad y el contexto de cada jurisdicción. Por más que discursivamente se enuncie la importancia de incidir sobre el aspecto económico de la criminalidad organizada, eso no se articula adecuadamente con el estado de situación de nuestro país. Contamos con un país federal, donde 25 Ministerios Públicos con realidades distintas se enfrentan a fenómenos criminales diversos y en sistemas de justicia que presentan diferencias estructurales. Las estrategias de recupero de activos se ven notoriamente condicionadas por estos factores. En el proyecto, bajo la intención de diferenciar de manera radical la extinción de dominio de las sanciones penales, estas cuestiones parecen no haber sido tenidas en cuenta debidamente. La mezcla descoordinada de actores es un ejemplo de esto: fiscales criminales provinciales y federales, fiscales federales del fuero civil y comercial, la Procuración del Tesoro de la Nación. Todo esto, a su vez, cargando de trabajo un fuero con escasas perspectivas de reforma en el corto plazo (a diferencia del fuero criminal federal) y respecto del cual no se ha hecho ninguna evaluación de impacto previa.

Es cierto que son necesarias nuevas herramientas para fortalecer la persecución penal de la criminalidad compleja y organizada. También es cierto que el principal obstáculo no es ése, sino la falta de voluntad política, que se refleja en las prácticas actuales y en la ausencia de reformas estructurales. De nada servirán las nuevas herramientas si los operadores no las aplican, como ha ocurrido con el decomiso sin condena introducido al Código Penal en 2011.

Tampoco es deseable una regulación que no sea diseñada teniendo en cuenta el contexto puntual en el que va a insertarse. En materia de criminalidad y persecución penal, nuestro país presenta numerosas realidades, muy distintas entre sí. Esto hace que el diseño de políticas públicas se torne más complejo, por lo que la ausencia de debate –en este caso, legislativo– es inaceptable.

Si se desea fortalecer la prevención y persecución de delitos complejos, estas reformas no pueden pensarse desligadas de otra serie de cambios. Entre otras cuestiones, la implementación del sistema acusatorio a nivel federal debe hacerse sin demoras innecesarias y de manera bien articulada. Asimismo, la red de organismos de control y supervisión debe mantenerse y fortalecerse. Esto último es crucial, no solo para aquellos organismos que presentan un desempeño pobre desde hace años, sino también para aquellos otros que actualmente están siendo desmantelados (el caso más significativo es el de la Unidad de Información Financiera, ente central del sistema anti-lavado)
Han sido muchos los puntos que quedaron sin plantear aquí, por limitaciones de espacio. Esperamos, al menos, que estas ideas sirvan para alimentar el debate sobre un tema que representa una gran deuda de nuestro sistema de justicia criminal.

Comentarios

comentarios

Tags:

Ads

También te puede interesar

El Caso Correo Argentino: Cómo perdonarse a uno mismo

En el año 2001, Correo Argentino S.A., una sociedad que estaba controlada por sociedades ...

SC Entrevista: Alberto Binder

Sin Corrupción se sentó con Alberto Binder para hablar sobre la persecución penal de ...