Abstracto

Nunca vemos que los delitos medioambientales sean catalogados como un problema vinculado a determinado sector o partido político. Tampoco nadie habla de la trata de personas “K” o “M”. Incluso el narcotráfico generalmente suele ser abordado como un problema que tiene una entidad distinta o por fuera de los partidos políticos, al margen de las connivencias y participaciones que puedan adjudicarse a diversos funcionarios.

Vemos entonces que distintos delitos y fenómenos criminales complejos suelen ser pensados de manera “apartidaria”. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata de discutir la corrupción. Es cierto que, si nos limitamos a los clásicos delitos de corrupción (sobornos, enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de caudales públicos, entre otros), por definición se trata de conductas que generalmente deben ser cometidas por funcionarios. Pero este factor no debería teñir necesariamente de un color partidario toda discusión sobre el problema criminal.

Nos encontramos, entonces, con la obstinación por encasillar la corrupción. Y no se trata de la intención de insertar los casos puntuales dentro de dinámicas criminales más amplias, lo cual sería válido y útil. No: se trata de que cada vez que se presentan ciertos delitos, de manera automática se busca cómo asociarlos a un determinado bloque político. Así, por propiedad transitiva, denunciar ese hecho ilícito equivale indefectiblemente a denunciar a ese bloque político (y no me refiero exclusivamente a denuncias penales).

Esta forma de encarar el tema influye profundamente sobre las prácticas de distintos actores. Los/as legisladores/as constituyen un caso muy evidente. Si tomamos el ejemplo del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, veremos cómo los distintos sectores políticos han utilizado las normas en debate para dar la discusión en los términos que aquí explicamos. Incluso una misma norma puede ser usada como arma por distintos bandos. El “artículo Odebrecht” de esa ley, para algunos, refleja la intención del macrismo de controlar la información aportada por la constructora brasileña para evitar que Gustavo Arribas se vea cada vez más implicado. Para otros, dicho artículo es la forma de obtener información valiosa sobre la corrupción kirchnerista vinculada a la obra pública, que de lo contrario permanecerá impune.

Las organizaciones de la sociedad civil somos otro de los actores sobre los cuales repercute negativamente esta dinámica de discusión. Cuando analizamos el accionar de la Justicia o de organismos de control, frente a toda manifestación que hagamos públicamente siempre surgirán los fanáticos del “¿y por qué no hablan también de X?”. Dudo que esta reacción se deba a que nos estemos topando con hegelianos que reflexionan permanentemente sobre el concepto de “totalidad”. Del mismo modo, cuando algunos acometen con “¿y por qué no decían esto en X momento?”, no creo que estemos discutiendo con filósofos estudiosos del tiempo. De cualquier manera, es agotador y complejiza -muchas veces, innecesariamente- el trabajo.

Seamos claros: una cosa es estudiar y remarcar la estructuralidad de la corrupción y su transversalidad respecto de distintos gobiernos y grupos económicos, y otra cosa vivir defendiéndonos de una sistemática falta de imparcialidad que parecería operar como una presunción que debemos desvirtuar.

Al margen de esta breve catársis -que espero sepan disculpar-, en el abordaje de la corrupción se suman otros problemas. Uno de ellos se refleja en el uso de metáforas bélicas o médicas: la “lucha” o la “batalla” contra este delito; o la corrupción vista como un cáncer, un tumor o alguna otra enfermedad de la sociedad. Detrás de esto hay algo mucho más serio que una cuestión semántica, ya que la forma en la que se perciba al problema de la corrupción determinará qué tipo de “soluciones” se intenten.

Tal vez esto se vea con mayor claridad en el caso de la narcocriminalidad, con el conocido fracaso del abordaje militarizado y de la violencia del Estado (que se suma a la violencia propia del fenómeno criminal).

Por el contrario, entender que detrás de ciertos problemas se estructuran mercados criminales permite comprender que las políticas públicas que diseñemos deben estar a la altura de ese desafío. En un caso, no se trata de algunos locos violentos e irracionales que venden sustancias para que sean consumidas exclusivamente por adictos que han caído en “la canaleta” de la droga. En el otro, no se trata de algunos funcionarios poco éticos que decidieron quedarse un vuelto; menos aún se trata de un problema meramente cultural donde la culpa la tiene nuestra “argentinidad”, que nos lleva tanto a sobornar con $200 a un oficial de tránsito como a defraudar al Estado por millones de pesos.

Un mal diagnóstico del problema y una visión agrietada de la corrupción son un combo desastroso. Esto genera múltiples consecuencias, además de las ya mencionadas:

  • El Estado no logra desarrollar políticas públicas eficaces para abordar la corrupción como problema criminal. Al margen de contadas excepciones, la vida se nos pasa entre parches superficiales y abordajes directamente errados. Mientras tanto, el mercado detrás del delito sigue creciendo.
  • Se justifican las propias acciones, por más que sean ilícitas, en el nombre de la derrota de otros que son “peores” (lo cual no es una forma de realpolitik sino una técnica de neutralización de manual). De la mano de esto, se genera un doble discurso donde como oficialismo se avalan inconstitucionalidades análogas a las que se denunciaban como oposición, o viceversa.
  • Tanto la Justicia como los organismos de control y supervisión condicionan informalmente sus criterios de actuación (y/o son condicionados) para poner más o menos “diligencia” sobre determinados políticos.
  • Las discusiones públicas sobre casos judiciales no entran en el fondo de la cuestión, o aluden superficialmente al carácter “estructural” de la corrupción, solo a los fines de evitar reproches de parcialidad.
  • Se pasa a debatir qué corrupción es “peor”, como si existiera una escala para medir esto, y -en caso afirmativo- como si este análisis tuviera alguna utilidad. A su vez, para intentar resolver este supuesto problema de medición, se construye un corrupciómetro donde se cuentan los pesos robados en cada columna y las causas penales de cada Gobierno.
  • Finalmente, se quiebran con facilidad los consensos que podrían alcanzarse en la sociedad civil para movilizar cambios sustanciales. Éste es uno de los problemas que más me preocupan en la actualidad. En última instancia, parece que un caso como Odebrecht, que “salpica” a todos, nos trae cierta tranquilidad de conciencia y nos permite discutirlo sin temor, justamente por lo extendido de sus ramificaciones. Una paradoja lamentable.

Comencé a pensar en escribir esta columna hace varias semanas. Cuando ya tenía la idea en mi cabeza pero aún no en el papel, desapareció Santiago Maldonado. Ahora, los reclamos de justicia por este hecho de suma gravedad se ven examinados bajo una lupa que pretende detectar intenciones partidarias. Empezamos a debatir si preguntarnos dónde está Santiago Maldonado es funcional a un partido político o no. ¿Qué podemos esperar entonces del debate sobre la corrupción en un futuro próximo?

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