Durante la última semana, el caso del Correo Argentino/Grupo Macri ocupó los titulares de los principales medios del país. La complejidad del caso desató un agitado debate entre funcionarios, periodistas, y miembros de la sociedad civil. Con esta nota, Sin Corrupción busca aportar claridad al debate delineando 4 claves para entender el caso.

1) CRONOLOGÍA DE EVENTOS

1997 – El Gobierno de Carlos Menem entrega al Grupo Macri (SOCMA) la concesión del Correo Argentino.

2001 – Correo Argentino entra en concurso preventivo (medida preventiva para evitar la quiebra).

2003 – Néstor Kirchner firma un decreto mediante el que rescinde el contrato de concesión de servicios postales al Grupo Macri. El decreto señala que la empresa había dejado de pagar el canon de concesión luego del primer año del acuerdo, aduciendo una serie de incumplimientos por parte del Estado, lo que generó una deuda que para el 2001 ascendía a $296 millones.

2003-2015 – Durante más de 10 años, el Grupo Macri presenta distintas propuestas para el pago de la deuda que son rechazadas por el Estado nacional.

2016 – En junio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convoca una audiencia para lograr un acuerdo. El Estado rechaza la primera propuesta del Grupo Macri.

2016 – En julio, el Grupo Macri hace una segunda oferta de 300 millones de pesos pagaderos en 15 años con un interés anual del 7%. El gobierno acepta la oferta.

2016 –  El 29 de diciembre, la Fiscal General ante la Cámara General de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, presenta un dictamen en el cual sostiene que la propuesta es “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”

2017 – En febrero, se hace público el dictamen y surge la polémica del caso Correo Argentino – Grupo Macri.

 

2) LOS CONFLICTOS

MONTO DE LA DEUDA

El primer conflicto surge a raíz del monto de la deuda. En el 2003, el gobierno establece que la deuda del Grupo Macri al gobierno acumulaba $296 millones de pesos en el 2001.

Ya que ésta deuda fue acumulada durante el período de convertibilidad, el dictamen de la fiscal Boquin establece que habría que actualizar la deuda a precio dólar y agregarle intereses por los 16 años transcurridos.

La fiscal calcula que la deuda indexada a 2016 alcanza los $4 mil millones, y que la propuesta realizada por el Grupo Macri refleja una quita del 98,8% de la deuda original. Asimismo, agrega que extendiendo este cálculo a 2033 (fecha en que finalizaría el pago del Correo), el Estado dejaría de percibir alrededor de $70 mil millones.

El Gobierno sostiene que la ley de convertibilidad, que tiene algunos artículos vigentes, prohíbe la indexación de deudas, con lo cual no se podría multiplicar la deuda por el valor del dólar. También argumenta que según la Ley de Concursos y Quiebras, el inicio de un concurso preventivo suspende los intereses de cualquier deuda anterior.

El conflicto surge en la interpretación del término “suspensión de los intereses” — según la fiscal, una suspensión no es equivalente a una “interrupción o condonación” de los intereses.

COMPETENCIA  DEL FUNCIONARIO  

El segundo conflicto surge a raíz de la competencia del funcionario que aceptó la oferta del Correo Argentino, Juan Manuel Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones.

Según el dictamen de Boquín, “la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública.”

Mocoroa fue designado el 2 de marzo del 2016 al frente del área de Asuntos Jurídicos con “autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos (…)” por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Y, por otro decreto, le prorrogaron el mandato en el cargo. Ambas “decisiones administrativas” pueden leerse en el Boletín Oficial del 3 de marzo de 2016 y del 22 de noviembre de 2016.

Dada la transicionalidad de Mocoroa en su puesto, y su incapacidad de reunir las condiciones legales del cargo, surge la cuestión de su competencia para aprobar el acuerdo entre el gobierno y Correo Argentino.

Según los artículos 4, 5, 6 y 8 Dec. 411/80 de Juicios al Estado, para aprobar el acuerdo Mocoroa necesitaba la autorización expresa de su superior, el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, la que no se hizo pública.

CONFLICTOS DE INTERÉS

La Ley de Ética Pública es limitada al plantear los posibles conflictos de intereses (art. 13). Sin embargo, que un funcionario dependiente jerárquicamente del Presidente negocie un acuerdo en el que están en juego intereses del Estado y de una empresa de su familia es problemático, y entra en conflicto con principios generales de la ley (art. 2), lo que obliga a tomar los mayores recaudos para que el interés público sea debidamente protegido. Por tal motivo, amerita la intervención de la Oficina Anticorrupción, órgano de aplicación de la Ley.

MALA FE

El 13 de junio de 2016, el Correo Argentino presentó una denuncia contra el Estado — dos semanas antes de la audiencia entre el Gobierno y Correo Argentino en el que se llegó a un acuerdo. En la denuncia, la empresa reclamó al Estado daños y perjuicios por la falta de pago de inversiones realizadas durante el período de concesión.

Según Boquin, la empresa “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción… mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”. Además, sostuvo que esta demanda “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado nacional pues mientras le ofrece pagar (…) un interés del 7% anual, reclama al mismo acreedor un interés de 11 por ciento.”

 

3) QUÉ DICEN LOS ACTORES

MAURICIO MACRI, Presidente de la Nación: “Tengo que reconocer que faltó algo de mi parte… No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre” // “Que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema porque hay que resolverlo, porque no resolverlo perjudica al Estado, y mi tarea es cuidar el Estado”

GABRIELA MICHETTI, Vicepresidenta de la Nación: “Tuvimos un error político pero esta sacudida nos despertó en algunas cosas… Estoy segura de que no vamos a tener casos de corrupción ni de Mauricio Macri ni de Gabriela Michetti, ni de ninguno de los que estamos tomando decisiones en el Gobierno”

JUAN MANUEL MOCOROA, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones: “No le perdonamos un mango a Macri… Son 600 millones de pesos lo que logramos nosotros que pague esta empresa. A eso es a lo que se arribó luego de quince años sin poder cobrar un solo peso de esta deuda”

MARCOS PEÑA, jefe de Gabinete: “Para evitar cualquier tipo de dudas sobre la posibilidad de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que haya existido, el Estado le solicitará a la AGN que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva”
OSCAR LAMBERTO, presidente de la Auditoría General de la Nación: “No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo”

MARIA EUGENIA VIDAL, Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires: “En 12 años nadie pagó nada porque el kirchnerismo no supo o no pudo gestionar la deuda que tenía Franco Macri. Nadie le reclamó nada. En 6 meses, nuestro gobierno inició la recuperación de la deuda”

MARGARITA STOLBIZER, Diputada Nacional: “Que a seis meses de asumir, el gobierno de Macri haga un acuerdo con quita con Macri padre, resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar… La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia”

LAURA ALONSO, Directora Oficina Anticorrupción: “Obviamente, como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, decidimos abrir un expediente. Estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente, como ha sucedido con dictámenes anteriores, como el de Aranguren, que fue tan contundente en términos técnicos que no hubo posibilidad siquiera de la más mínima crítica.”

CRISTINA KIRCHNER, ex-Presidenta de la Nación: “Nada de qué asombrarse: de la Patria Contratista a la Estatización de la deuda de sus empresas. Lo que pasa es un capítulo más de la historia que pareciera estamos condenados a repetir”

JULIO DE VIDO, ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación: “El Grupo Macri presentó en los años anteriores ofertas de pago del mismo tenor abusivo que la acordada con el Gobierno de Macri”

 

4) INVESTIGACIONES

Cuatro investigaciones se abrieron a partir del caso.

Comodoro Py: Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti radicaron la denuncia penal contra el presidente y el ministro de comunicaciones Oscar Aguad por un supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública” y presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.” El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni deberán investigar si se cometieron delitos durante las negociaciones.

Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA): A pedido de la propia fiscal Boquín, se inició una investigación en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Sergio Rodríguez, titular del organismo, presentó una denuncia penal y pidió investigar si hubo “defraudación por administración infiel,” “tráfico de influencias” o “negociaciones incompatibles con la función pública”

Oficina Anticorrupción: Laura Alonso, Directora Oficina Anticorrupción, anunció una investigación para “tomar conocimiento del expediente” y solicitar información “a los funcionarios involucrados”

Procuración del Tesoro de la Nación: El procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó una investigación sobre el accionar de los representantes del Estado en el concurso de Correo Argentino.

Es el rol de la Cámara Comercial evaluar la validez del acuerdo. La fiscal Boquin anticipó que, de ser convalidado, apelará a la Corte Suprema.

 

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  • Lucia He

    Lucía es politóloga, economista, y la editora de Sin Corrupción. Cuando no está en ACIJ, cubre noticias de Argentina y América Latina para medios internacionales.

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