El 4 de agosto pasado el Experto Independiente de Naciones Unidas, Alfred-Maurice de Zayas, presentó un informe sobre paraísos fiscales y derechos humanos, en el que señaló cuales son los problemas asociados a la existencia de los paraísos fiscales y recomendó medidas tendientes a regularlos.

El experto entiende que la economía refleja los intereses de las elites y que estas se oponen a las reformas normativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos por parte de los Estados, especialmente en relación a la administración de justicia, el mantenimiento de las infraestructuras, la salud, la educación, la vivienda, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.  

Asimismo resalta la necesidad de enfocar la política tributaria en el respeto de los derechos humanos y establecer medidas más estrictas contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la utilización de los paraísos fiscales.

Los intermediarios:

Pero ¿cómo se llega a operar en paraísos fiscales? ¿Quiénes garantizan la impunidad de estas maniobras y el anonimato de los beneficiarios finales?. La respuesta pareciera tener un contenido de raigambre histórico, ya que el fenómeno de globalización económica y financiera que comenzó en los años 80 y 90 permitió la conformación de estructuras de intermediarios destinados a facilitar la utilización de vehículos corporativos y financieros que bajo el rubro de prestación de servicios, asesoran y llevan a adelante maniobras tendientes a evadir impuestos e inyectar flujos ilícitos en la economía global, que de otra forma no podrían hacerlo.

Nuestro país no es ajeno a esas estructuras, en materia societaria resulta muy ilustrativo el testimonio de un abogado en una causa en la que se investigó un caso evasión:

“JLM manifestó que se desempeña como abogado dedicado al derecho societario. (…) se comunicaba el interesado a su estudio solicitando la constitución de una sociedad de determinadas características para cierta fecha, y consecuentemente, el nombrado procedía inscribiendo con anticipación el paquete accionario a su nombre, el de su hermana o del señor GMH, gestor del estudio. Posteriormente, se transfería el mismo al adquirente que había solicitado sus servicios, concluyendo así su intervención, previa inscripción de la transferencia en la Inspección General de Justicia.”

Asimismo en la causa por la cual se procesó por lavado de activos el 30 de junio pasado, a directivos del BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, se describen las maniobras realizadas indicando que la sucursal intervenía   en   la constitución   y   administración   de   sociedades,   fundaciones   y fideicomisos en el exterior, servicio de “gestión de cartera” a sus clientes, sobre los activos que éstos poseían en plazas internacionales de la misma entidad financiera el estudio y ejecución de   proyectos   de   ingeniería   financiera   y   la   transformación   y reorganización de sociedades individualizando   al   beneficiario   real   de   cada   operación   con distintas   subcuentas   o   identificándolos   bajo   la   denominación “referencia”   o   “beneficiario”.

Por otro lado, a nivel global podemos encontrar, navegando por internet, los más variados ejemplos de intermediarios que ofrecen desde constitución y venta de sociedades de todo tipo en paraísos fiscales, hasta asesoramiento en planificación fiscal con el argumento de “proteger su patrimonio.” ¿Pero proteger su patrimonio respecto de quien? ¿De los estados en los que deberían pagar impuestos? O mejor debería preguntarse, ¿proteger su patrimonio en perjuicio de quién?

La respuesta la podemos encontrar si recordamos que los Estados obtienen sus ingresos principalmente de la recaudación fiscal y que esos ingresos son utilizados para llevar adelante políticas públicas en materia de salud, educación, habitacional, sociales, es en la falta de estas prestaciones en la que queda plasmada la afectación de los derechos humanos mediante la utilización de maniobras como las descriptas.

Conclusión:

En una nota publicada en el diario Página 12 en junio, se muestran los datos que dan cuenta cómo el sector bancario creció en forma desproporcionada en relación a la economía productiva.

Asimismo nos encontramos en un proceso de desregulación sistemática del sistema financiero y cambiario y de los organismos encargados de controlar el actuar tanto a los intermediarios como a las personas humanas y jurídicas (Resolución General Nº 5/16 IGJ, Resolución 141/2016 UIF, Resolución General 3952 AFIP, entre otras).

Es necesario resaltar que mientras se siga agrandando la brecha entre el crecimiento de la actividad financiera en relación a la economía real, se permita a los intermediarios expandir sus negocios y se continúe con la desregulación del sistema financiero y de los organismos encargados del control estamos cada vez más cerca de convertirnos en un paraíso fiscal.

Mientras eso pasa, seguimos teniendo varias materias pendientes en este sentido, como la conformación de una comisión bicameral dedicada a investigar las personas humanas y jurídicas mencionadas en los Papeles de Panamá y Bahamas Leaks, la sanción de una ley de protección de denunciantes de delitos bancarios y financieros, la evaluación de una reforma integral en materia tributaria, la reforma de la ley de entidades financieras, y la creación de un registro de beneficiarios finales entre otras.

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  • Alejandra Freire

    Alejandra es Abogada, asesora del Director del Banco Central, Pedro Biscay, investigadora en el CIPCE y docente en el IUPFA.

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