Sistema Judicial y corrupción

El Sistema Judicial se compone del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, además de las agencias del Poder Ejecutivo encargadas de detectar, investigar y perseguir casos de corrupción, como la Oficina Anticorrupción. Se trata de órganos con funciones institucionales muy diferentes, pero todas necesarias para poder llevar adelante los procesos penales por corrupción.

El concepto de Sistema Judicial es mucho más amplio que el de Poder Judicial, dado que éste último sólo incluye a los jueces, mientras que el Sistema Judicial incluye a todos los actores que intervienen en el proceso judicial.

El Ministerio Público Fiscal es una institución independiente que se integra de fiscales,  que son los funcionarios encargados de investigar hechos ilícitos y de formular acusaciones contra las personas eventualmente responsables. Esta función también realizada por la Oficina Anticorrupción, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que entre otras tareas tiene a su cargo realizar investigaciones sobre corrupción y actuar como querellante (acusador particular) en casos penales de corrupción.

El Poder Judicial del Estado Nacional se encuentra compuesto por los jueces federales. Como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen sus propios sistemas de administración judicial, los jueces federales tienen a su cargo los casos en los que se comprometan los intereses del Estado Nacional, tales como los delitos de corrupción, narcotráfico, falsificación de moneda, entre otros. El rol de los jueces federales es clave respecto a la sanción penal de la corrupción, dado que deciden si corresponde o no castigar a una persona imputada por estos hechos. La función constitucional de los jueces es la de juzgar, pero nuestro sistema procesal actual todavía les atribuye facultades de investigación, y es por eso que muchas veces los casos no son investigados por los fiscales sino por los jueces, lo cual es problemático desde muchas perspectivas.

El Ministerio Público de la Defensa es un órgano independiente, que entre sus funciones tienen la de proveer defensa técnica a las personas imputadas penalmente. Toda persona acusada por un delito tiene el derecho de defenderse, y para eso requiere de una defensa técnica. Por eso, a su preferencia pueden ser asistidos por un abogado privado o por la defensa pública.

La investigación, persecución y sanción de la corrupción requiere un sistema judicial eficaz e independiente. La falta de capacidad de los fiscales y/o de los jueces para enfrentar un fenómeno criminal complejo como la corrupción se traduce en impunidad. Esa falta de capacidades se produce o bien por carecer de idoneidad técnica y/o de herramientas procesales adecuadas para actuar, por estar sobrepasados de trabajo o por no ser independientes.

La Constitución Nacional regula el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la Ley Organización de la Justicia Nacional (Ley n°27), la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27.148), la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (Ley n°27.149), la Ley del Consejo de la Magistratura (Ley 24.937 y modificatorias), entre otras.  

El Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984) es la norma que regula el procedimiento penal a nivel federal. Si bien en 2015 fue aprobado un nuevo código procesal (Ley 27.063) y la Ley 27.150 había previsto su entrada en vigencia en el mes de marzo de 2016, el Decreto de Necesidad y Urgencia n°257/15 suspendió su aplicación y encomendó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código procesal Penal establecer un cronograma de implementación. Hasta el momento no existe un cronograma para dicha implementación.

En el ámbito internacional existen tratados internacionales sobre corrupción, como la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que establecen lineamientos respecto a la actuación del sistema judicial en materia de corrupción. A través de estos tratados, Argentina se comprometió a investigar, perseguir y sancionar los hechos de corrupción cometidos en su territorio.

En materia de independencia judicial, las normas que regulan los procedimientos de selección y designación de jueces son vulnerables a la manipulación política. Lo mismo ocurre con los procesos disciplinarios, ya que la falta de transparencia de estos procesos permitió que el régimen disciplinario fuera utilizado en algunas ocasiones para presionar a determinados jueces.

La falta de transparencia del proceso penal y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas respecto de la actividad de jueces y fiscales conduce a que algunos casos penales de corrupción puedan ser manejados políticamente. Al no encontrarse obligados a brindar explicaciones, ni existir controles efectivos sobre su actividad, es posible que jueces y fiscales decidan avances a retrocesos de casos sensibles a partir de variables de índole política, en lugar de variables jurídicas.

La falta de capacidades técnicas de los operadores judiciales es también un problema para poder enfrentar la corrupción, un tipo de criminalidad que se caracteriza por ser compleja y requerir de personal altamente capacitado para enfrentarla adecuadamente. La capacitación y especialización de los funcionarios a cargo de esta tarea es indispensable. Además, eso hace necesario que las agencias especializadas –por ejemplo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- sean las que tengan a su cargo los casos de corrupción, dado su alto grado de especialidad en la temática.

La implementación de un código procesal moderno, que asegure eficacia en la investigación y respeto por los derechos y garantías de los acusados, es imprescindible para mejorar la respuesta del sistema judicial frente a la corrupción. Es necesario que los operadores judiciales tengan a disposición herramientas procesales desburocratizadas y flexibles para administrar sus esfuerzos de un modo eficiente, y así mejorar las investigaciones y lograr que los procesos penales por corrupción avancen.

Para mejorar la actuación de las agencias judiciales en la lucha contra la corrupción es indispensable aumentar los controles sobre la actividad de los servicios de inteligencia, con el fin de limitar su relación con los jueces y fiscales federales. Su estrecha relación, que se produce en un contexto de secreto y absoluta falta de control, ha permitido que muchos casos judiciales fueran parte de operaciones políticas, desnaturalizando así la actividad judicial.

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