Sin corrupci贸n
Es una iniciativa de:
Asociaci贸n Civil por la Igualdad y la Justicia Centro de Investigaci贸n y Prevenci贸n de la Criminalidad Econ贸mica

Sistema judicial y corrupci贸n

Sistema Judicial y corrupci贸n

El Sistema Judicial se compone del Poder Judicial, el Ministerio P煤blico Fiscal y el Ministerio P煤blico de la Defensa, adem谩s de las agencias del Poder Ejecutivo encargadas de detectar, investigar y perseguir casos de corrupci贸n, como la Oficina Anticorrupci贸n. Se trata de 贸rganos con funciones institucionales muy diferentes, pero todas necesarias para poder llevar adelante los procesos penales por corrupci贸n.

El concepto de Sistema Judicial es mucho m谩s amplio que el de Poder Judicial, dado que 茅ste 煤ltimo s贸lo incluye a los jueces, mientras que el Sistema Judicial incluye a todos los actores que intervienen en el proceso judicial.

El Ministerio P煤blico Fiscal es una instituci贸n independiente que se integra de fiscales, 聽que son los funcionarios encargados de investigar hechos il铆citos y de formular acusaciones contra las personas eventualmente responsables. Esta funci贸n tambi茅n realizada por la Oficina Anticorrupci贸n, que funciona en la 贸rbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci贸n, que entre otras tareas tiene a su cargo realizar investigaciones sobre corrupci贸n y actuar como querellante (acusador particular) en casos penales de corrupci贸n.

El Poder Judicial del Estado Nacional se encuentra compuesto por los jueces federales. Como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen sus propios sistemas de administraci贸n judicial, los jueces federales tienen a su cargo los casos en los que se comprometan los intereses del Estado Nacional, tales como los delitos de corrupci贸n, narcotr谩fico, falsificaci贸n de moneda, entre otros. El rol de los jueces federales es clave respecto a la sanci贸n penal de la corrupci贸n, dado que deciden si corresponde o no castigar a una persona imputada por estos hechos. La funci贸n constitucional de los jueces es la de juzgar, pero nuestro sistema procesal actual todav铆a les atribuye facultades de investigaci贸n, y es por eso que muchas veces los casos no son investigados por los fiscales sino por los jueces, lo cual es problem谩tico desde muchas perspectivas.

El Ministerio P煤blico de la Defensa es un 贸rgano independiente, que entre sus funciones tienen la de proveer defensa t茅cnica a las personas imputadas penalmente. Toda persona acusada por un delito tiene el derecho de defenderse, y para eso requiere de una defensa t茅cnica. Por eso, a su preferencia pueden ser asistidos por un abogado privado o por la defensa p煤blica.

La investigaci贸n, persecuci贸n y sanci贸n de la corrupci贸n requiere un sistema judicial eficaz e independiente. La falta de capacidad de los fiscales y/o de los jueces para enfrentar un fen贸meno criminal complejo como la corrupci贸n se traduce en impunidad. Esa falta de capacidades se produce o bien por carecer de idoneidad t茅cnica y/o de herramientas procesales adecuadas para actuar, por estar sobrepasados de trabajo o por no ser independientes.

La Constituci贸n Nacional regula el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio P煤blico, as铆 como la Ley Organizaci贸n de la Justicia Nacional (Ley n掳27), la Ley Org谩nica del Ministerio P煤blico Fiscal (Ley 27.148), la Ley Org谩nica del Ministerio P煤blico de la Defensa (Ley n掳27.149), la Ley del Consejo de la Magistratura (Ley 24.937 y modificatorias), entre otras. 聽

El C贸digo Procesal Penal de la Naci贸n (Ley 23.984) es la norma que regula el procedimiento penal a nivel federal. Si bien en 2015 fue aprobado un nuevo c贸digo procesal (Ley 27.063) y la Ley 27.150 hab铆a previsto su entrada en vigencia en el mes de marzo de 2016, el Decreto de Necesidad y Urgencia n掳257/15 suspendi贸 su aplicaci贸n y encomend贸 a la Comisi贸n Bicameral de Monitoreo e Implementaci贸n del Nuevo C贸digo procesal Penal establecer un cronograma de implementaci贸n. Hasta el momento no existe un cronograma para dicha implementaci贸n.

En el 谩mbito internacional existen tratados internacionales sobre corrupci贸n, como la Convenci贸n de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupci贸n y la Convenci贸n Interamericana Contra la Corrupci贸n, que establecen lineamientos respecto a la actuaci贸n del sistema judicial en materia de corrupci贸n. A trav茅s de estos tratados, Argentina se comprometi贸 a investigar, perseguir y sancionar los hechos de corrupci贸n cometidos en su territorio.

En materia de independencia judicial, las normas que regulan los procedimientos de selecci贸n y designaci贸n de jueces son vulnerables a la manipulaci贸n pol铆tica. Lo mismo ocurre con los procesos disciplinarios, ya que la falta de transparencia de estos procesos permiti贸 que el r茅gimen disciplinario fuera utilizado en algunas ocasiones para presionar a determinados jueces.

La falta de transparencia del proceso penal y la ausencia de mecanismos de rendici贸n de cuentas respecto de la actividad de jueces y fiscales conduce a que algunos casos penales de corrupci贸n puedan ser manejados pol铆ticamente. Al no encontrarse obligados a brindar explicaciones, ni existir controles efectivos sobre su actividad, es posible que jueces y fiscales decidan avances a retrocesos de casos sensibles a partir de variables de 铆ndole pol铆tica, en lugar de variables jur铆dicas.

La falta de capacidades t茅cnicas de los operadores judiciales es tambi茅n un problema para poder enfrentar la corrupci贸n, un tipo de criminalidad que se caracteriza por ser compleja y requerir de personal altamente capacitado para enfrentarla adecuadamente. La capacitaci贸n y especializaci贸n de los funcionarios a cargo de esta tarea es indispensable. Adem谩s, eso hace necesario que las agencias especializadas 鈥損or ejemplo, la Procuradur铆a de Investigaciones Administrativas- sean las que tengan a su cargo los casos de corrupci贸n, dado su alto grado de especialidad en la tem谩tica.

La implementaci贸n de un c贸digo procesal moderno, que asegure eficacia en la investigaci贸n y respeto por los derechos y garant铆as de los acusados, es imprescindible para mejorar la respuesta del sistema judicial frente a la corrupci贸n. Es necesario que los operadores judiciales tengan a disposici贸n herramientas procesales desburocratizadas y flexibles para administrar sus esfuerzos de un modo eficiente, y as铆 mejorar las investigaciones y lograr que los procesos penales por corrupci贸n avancen.

Para mejorar la actuaci贸n de las agencias judiciales en la lucha contra la corrupci贸n es indispensable aumentar los controles sobre la actividad de los servicios de inteligencia, con el fin de limitar su relaci贸n con los jueces y fiscales federales. Su estrecha relaci贸n, que se produce en un contexto de secreto y absoluta falta de control, ha permitido que muchos casos judiciales fueran parte de operaciones pol铆ticas, desnaturalizando as铆 la actividad judicial.

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