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¿Quién reemplazará a Oyarbide? Enterate quién ocupará el lugar del polémico juez - Sin corrupción

Ya pasaron más de 7 meses desde que fue formalmente presentada la renuncia de uno de los íconos de la impunidad en nuestro país. Me refiero a Norberto Oyarbide, juez titular del Juzgado Criminal y Correccional Federa n°5 desde 1994, designado por el Ministro de Justicia de Carlos Menem, Rodolfo Barra, y duramente cuestionado por su complacencia con la corrupción política.

Tras 225 días desde que el Presidente Mauricio Macri aceptó su renuncia a través del Decreto n°580/16, cabe preguntarnos, ¿quién reemplazará a este polémico juez? Teniendo en cuenta que el Concurso n°375 se encuentra en trámite en el Consejo de la Magistratura y que tiene 170 candidatos inscriptos, no es posible aventurar el nombre del reemplazo. Sin embargo, aún con la incógnita sobre la identidad del futuro Juez Federal, podemos arriesgar que su gestión no diferirá de la de su predecesor.

Los problemas en materia de corrupción, y en particular de persecución penal de la corrupción, son de índole estructural y no coyuntural. En los últimos 25 años sólo tres funcionarios públicos nacionales de rango superior a secretario (Ricardo Jaime, María Julia Alsogaray y Felisa Miceli) recibieron condenas firmes por hechos de corrupción. El resto fueron sobreseídos o absueltos, o continúan sometidos a largos procesos judiciales que no ofrecen un futuro muy prometedor. Esto tiene una explicación: más allá de quienes sean los que ocupen los cargos judiciales o se sienten en el sillón presidencial, el factor determinante en materia de corrupción está dado por las condiciones institucionales en que esos funcionarios deben actuar. Desafortunadamente, el contexto institucional argentino desincentiva la investigación y avance de los casos penales de corrupción, e incentiva su manejo político.

Ese débil contexto institucional está marcado fundamentalmente por un procedimiento de selección de jueces que puede ser manipulado políticamente, por procesos disciplinarios poco transparentes que han sido utilizados para presionar a jueces que tenían a su cargo casos que preocupaban al poder, y también por un régimen procesal burocratizado e ineficiente, incapaz de enfrentar la sofisticación de la criminalidad compleja. Además, la actividad judicial prácticamente carece de todo tipo control y no hay instancias de rendición de cuentas a la ciudadanía. Por último, la desregulación de las agencias de inteligencia, las ha transformado en agencias de operación política que se inmiscuyen indebidamente en los casos judiciales.

Alguien podría replicarme que eso cambió este año, y que los abruptos movimientos en los casos de corrupción que involucran a los funcionarios del gobierno pasado evidencian una mejora en la administración de justicia. Sin embargo, lejos de brindar evidencias de mayor independencia y capacidades para luchar contra la corrupción, esos avances sólo se explican por las mismas razones que las anteriores demoras: la presencia de la política en los casos judiciales. Esto se hace evidente en la medida en que muchos casos que permanecieron inactivos por años, se impulsaron repentinamente al cambiar el gobierno nacional.
Sin menospreciar los valiosos esfuerzos de funcionarios y empleados judiciales comprometidos, pareciera que la subjetividad de los jueces federales no es el único factor a tener en cuenta a la hora de intentar mejorar las respuestas del sistema judicial a la corrupción, ni tampoco el más determinante. En otras palabras, por más que cambiemos los jueces, si las condiciones institucionales en las que deben desenvolverse no se modifican, no podemos esperar cambios reales en esta materia.

¿Por qué deberíamos esperar que el reemplazo de Oyarbide actúe de manera diferente a él si se desempeñará prácticamente en las mismas condiciones? Su designación será vulnerable a la manipulación política, será sometido a un régimen de control disciplinario que lo expondrá a potenciales presiones, tendrá que utilizar un procedimiento penal antiguo, burocratizado e ineficiente, actuará en total secreto, de espaldas a la ciudadanía y con controles muy débiles, y lidiará con agencias de inteligencia que desde las sombras se inmiscuirán en la actividad judicial. Aún si el juez designado fuera idóneo y probo, las debilidades a las que lo expone el sistema institucional afectarán fuertemente sus capacidades.

No tenemos razones para creer que un cambio de nombre revertirá la impunidad de los últimos 25 años. En la medida en que las condiciones institucionales no cambien, tendremos buenas razones para creer que todo seguirá igual, y seguiremos viendo desfilar Oyarbides por los pasillos de Comodoro Py.

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  • Fernando Bracaccini

    Fernando es abogado, profesor de derecho constitucional y derechos humanos, candidato a especialista en derecho penal y coordina el área Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas dentro de ACIJ.

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