SC Explica: Ley de Contratación Público-Privada (PPP)

El 16 de noviembre el Congreso sancionó la ley de contratación público-privada impulsada por el Poder Ejecutivo, conocida como “PPP”.

La ley de PPP señala que “una de las claves para la creación de empleo en la Argentina y por ende para el desarrollo económico del país es que se materialice la inversión en infraestructura y los contratos de Participación Público Privada son una herramienta eficaz para lograrlo.”

Los contratos de PPP permiten que empresas privadas en asociación con el Estado desarrollen y financien proyectos y que el Estado o el propio proyecto repague la obra a largo plazo (por ejemplo, una ruta cuyo financiamiento privado se paga en el tiempo con lo recaudado vía peaje).

Sin perjuicio del rol de las PPP en materia de desarrollo, poco se ha discutido sobre el hecho de que, tal como fue sancionada, la ley aumenta en forma significativa los riesgos de corrupción en la Argentina.

Riesgo 1: La ley se ensambla a un régimen de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas absolutamente precario en términos de controles, participación ciudadana, acceso a la información, transparencia y debilidad del órgano rector, entre otros factores . Recordemos que en la Argentina todavía se hace obra pública con una ley de 1947 y que somos el único país (junto con Venezuela) en toda ALC que no tiene ley de adquisición de bienes y servicios.

Riesgo 2: La ley prevé un sistema de “diálogo competitivo” entre el Estado y las empresas para debatir y elaborar en conjunto las condiciones particulares del contrato (el equivalente al pliego en una licitación). Este proceso informal en el que no se incluye la participación ciudadana aumenta la opacidad y falta de control social de los tratos entre el sector público y privado, que como demuestran muchos casos que hoy se ventilan en tribunales, son altamente vulnerables a la corrupción. El riesgo no se compensa con los cambios que se hicieron al proyecto original al incorporar controles de la Auditoría General de la Nación y la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso.

Riesgo 3: El diálogo competitivo entre funcionarios y empresas es similar a la elaboración participada de pliegos vigente en la actualidad para incorporar a la ciudadanía, que se utiliza muy poco y que preveía reuniones -similares a audiencias públicas- que paradójicamente fueron eliminadas cuando el PEN reformó el reglamento de contrataciones en septiembre de 2016.

Riesgo 4: El mensaje del proyecto decía incorporar una “importante cláusula anticorrupción”, pero se trataba de la misma cláusula vigente en el sistema actual, que la práctica demuestra que no ha servido para prevenir la corrupción en el sector de compras y que sigue sin reformarse, a pesar de antiguos pedidos de la Oficina Anticorrupción para, por ejemplo, flexibilizar el estándar de prueba.

Es urgente transformar de raíz el precario sistema de compras y obras públicas ANTES de trasplantar herramientas de países desarrollados o de países en desarrollo pero institucionalmente más robustos. Algunas de las reformas necesarias al sistema son:

Reforma 1: Dictar una ley única de contrataciones de bienes, servicios y obras que amplíe el reducido ámbito de aplicación actual, que excluye empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios, empleo público, universidades, contratos con provincias y municipios, entre otros.

Reforma 2: Garantizar que se utilicen procedimientos competitivos como regla general (licitación pública), aumentar la limitada publicidad vigente, prevenir adecuadamente los conflictos de interés actualmente subregulados por la Ley de Ética Pública y estandarizar modelos de pliego obligatorios formulados con participación ciudadana.

Reforma 3: Establecer mecanismos de impugnación independientes, participación ciudadana en cada una de las etapas de los procesos de contratación (desde la determinación de la necesidad de la compra hasta el control de la ejecución contractual), crear mecanismos de control específicos de compras (fiscalías, ombudsman de adquisiciones, intervención parlamentaria, etc.) y transformar la Oficina Nacional de Contrataciones en un organismo independiente con suficientes recursos y facultades de control y sanción.

El sistema de compras no es otra cosa que un proceso para ejecutar el presupuesto y proveerle bienes, servicios y obras a la comunidad. Su principal desafío es conciliar eficiencia económica, orientación al desarrollo humano, transparencia y prevención de la corrupción, objetivos que suelen entrar en conflicto.

La ley de PPP está bien orientada a algunos de estos puntos, pero en ausencia de una reforma integral del precario sistema vigente y, en general, del sistema de control público nacional, incrementa en forma notable los riesgos de corrupción en el área más vulnerable de la Argentina.

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  • Natalia Volosin

    Abogada. Máster y candidata al doctorado en derecho por la Universidad de Yale.

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