El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional es el sistema por el cual el Estado Nacional adquiere bienes y servicios y realiza obras públicas para cumplir con su fin de garantizar los derechos de los/as ciudadanos/as. Se encuentra organizado por el decreto 1023/2001, y establece cuatro tipos de procedimientos de selección:
a- la licitación o concurso públicos
b- la subasta pública
c- la licitación o concurso privados
d- la contratación directa

El régimen establece como regla la utilización de la licitación o concurso públicos para las adquisiciones de bienes y servicios en general. Los demás procedimientos son excepcionales, y sólo pueden utilizarse para determinados casos previstos por la ley.

Sin embargo, y desde su creación, se produjo un aumento exponencial de las excepciones a la regla de la licitación, haciendo que las contrataciones directas y las licitaciones privadas sean los procedimientos de compras más utilizados por el Estado en casi todas sus reparticiones.

El sistema de compras se encuentra reglamentado por el decreto 1030/2016, el cual -entre otras cosas- establece los montos límite para la determinación del procedimiento de selección. El monto límite tiene una importancia fundamental ya que en ciertas situaciones, es el monto de la compra lo que determina si habrá licitación o compra directa.

Estos montos, que habían sido modificados en mayo por el decreto 690/2016 del Poder Ejecutivo de la Nación aumentando los topes para las contrataciones directas y las licitaciones o concursos privados cuando el parámetro de selección de procedimientos sea el monto de la operación, se repitieron en la nueva reglamentación del decreto 1030/2016.

Asimismo, la nueva reglamentación también mantuvo el aumento de los montos por los que los funcionarios pueden aprobar gastos, en un promedio de un 500% respecto de los montos anteriores, ampliando de tal modo la facultad discrecional de los mismos.

Un aumento peligroso

El decreto 690/16 sostenía que la modificación de los montos que funcionan como tope “resulta necesaria teniendo en cuenta que la última modificación fue realizada el 29 de julio de 2013 mediante Decreto Nº 1.039, siendo necesario por ende adecuar los mismos a las actuales condiciones económicas atento el extenso lapso de tiempo transcurrido desde dicha modificación”. En otras palabras, el aumento de los topes de contratación directa y de licitación y concurso privados estaba supuestamente justificado en el aumento producido por la inflación. Sin embargo, como se verá, los aumentos son ampliamente superiores a la inflación acumulada desde la última modificación. El decreto 1030/2016 que mantuvo los montos con aumentos nada dice al respecto.

El reglamento mide los montos en “módulos”, los cuales son medidas de valor equivalentes a $1000. Así, el monto tope para las contrataciones directas pasó de 200 módulos a 1300 módulos (es decir, de $200.000 a $1.300.000) aumentando un 650%, y el monto tope de las licitaciones privadas o concursos privados pasó de 800 a 6000 módulos (es decir, de $800.000 a $6.000.000), implicando un aumento del 750%. Sin embargo, la inflación acumulada desde el 2013 hasta la fecha de modificación representaba un 137,69%, muy por debajo del porcentaje de los aumentos realizados por el decreto Nº 690/2016.

Apagando el fuego con nafta

El aumento injustificado de los montos tope para la realización de contrataciones directas viene a darle un golpe de gracia al ya vapuleado sistema de compras públicas. A los históricos problemas de bajo nivel de rendición de cuentas y publicidad, se sumó una ampliación de la discrecionalidad. Un cóctel peligroso.

El decreto delegado y su reglamentación prevén requisitos de publicidad para las compras directas que son insuficientes, y terminan siendo virtualmente supérfluos, ya que exigen aviso con antelación a tres proveedores estatales y publicación en el sitio de la ONC, el cual no sólo tiene sitio web desactualizado, sino que no ofrece la información en forma clara y accesible.

El sistema de control posterior característico de los órganos de control competentes, asimismo, demuestra su ineficacia en controlar sobreprecios y arbitrariedades en las adjudicaciones de contratos directos a fin de impedir los mismos, y son extremadamente raros los casos donde se detectan y sancionan casos de corrupción.

Comparaciones, odiosas comparaciones

Con este aumento de los montos, nuestro país pasa a tener uno de los topes más altos de la región para compras directas, en los casos en que el parámetro es el monto. En Chile el monto tope es equivalente a U$S6500 aproximadamente. En México, varía según se trate de compras u obras públicas y servicios relacionados a las mismas. Para las primeras, el tope es de U$S 25.000 aproximadamente. Para las obras públicas es de aproximadamente U$S67.000, mientras que para los servicios relacionados a obras públicas asciende a U$S 37.400 aproximadamente. En Brasil también se distingue entre obras públicas y servicios de ingeniería y otros servicios y compras, correspondiendo para las primeras un tope de U$S4.200 aproximadamente, mientras que para los segundos es de U$S2.200 aproximadamente. Tras el aumento de los montos, el tope en nuestro país es de U$S85.245 aproximadamente, superando en forma amplia el resto de los países de la región.

Algunas conclusiones

Si bien es necesario actualizar periódicamente los montos correspondientes a los topes, éstos deben estar atados a la evolución del índice de precios en períodos inflacionarios. Los aumentos no deben ser desproporcionales, ya que esto aumenta el margen de arbitrariedad y discrecionalidad a los funcionarios públicos para evadir las licitaciones.

El resultado es conocido: si se debilita el principio de licitación pública, se multiplican las compras a los “amigos”, las obras públicas adjudicadas a las empresas cercanas y la posibilidad de hechos de corrupción. Es necesario avanzar hacia un sistema de contrataciones que sea transparente, eficiente y que promueva el desarrollo de los derechos, pero ésta no es la forma.

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  • Marcelo Giullitti

    Marcelo es abogado (Universidad Nacional de Tucumán), candidato a máster en Ciencias Políticas y Sociología (FLACSO), y docente de "Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional" (CBC-UBA).

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