El acceso a la información es una herramienta para conocer, entre otras cosas, cómo funcionan las instituciones y cómo se ejecutan los recursos públicos. Así, la Ley es un incentivo para eliminar la opacidad en la gestión pública y combatir la corrupción, la que trasciende el enriquecimiento ilícito y revela la ausencia de Estado: bienes y servicios que no llegan a sus destinatarios, desidia y violación de derechos. El acceso a información se erige en un instrumento clave para mejorar el diseño e implementación de políticas públicas, y para hacer más transparentes y efectivas las intervenciones estatales.

El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Nº 1172 del año 2003 habilita a todo ciudadano a pedir información a las agencias del PEN, sin necesidad de justificar su solicitud. El decreto prevé que la respuesta deberá brindarse en el plazo de 10 días, con posibilidad de prórroga por otros 10 días.

Más importante aún, la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Nº 27.275 fue promulgada el 28 de septiembre de 2016, y obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público de la Defensa (también a entidades privadas que manejen fondos público, con algunas reservas) a responder a todo pedido de información en el plazo de 15 días, con posibilidad de prórroga por un plazo similar. No es necesario acreditar interés alguno que fundamente la solicitud y la información deberá entregarse en formatos digitales abiertos. Asimismo, la Ley obliga a los sujetos alcanzados a ajustarse a estándares de transparencia activa, dando publicidad a información sobre sus competencias y gestión. Ello supone que los organismos alcanzados deberán publicar proactivamente información como la nómina de autoridades, escalas salariales, presupuesto, contrataciones, concursos, declaraciones juradas, etc

Es importante la creación de mecanismos institucionales y políticas públicas que en la práctica realicen los principios de la Ley N° 27.275, fomenten la capacitación y sensibilización de los funcionarios y ciudadanos, y garanticen respuestas completas y oportunas a los pedidos de información.

En relación a la reglamentación, es necesario que se ajuste a los principios constitucionales y jurisprudencia nacional, y refleje el principio de máxima divulgación y de interpretación restrictiva de las excepciones al acceso la información, especialmente en los supuestos que han sido tradicionalmente mal interpretados para denegar el acceso, como la protección de datos personales.

Es preciso también que la designación del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) -en la órbita del Poder Ejecutivo- resulte de un proceso abierto y participativo en el que se garantice la idoneidad e independencia de su titular, y que los otros poderes creen organismos de control y aplicación de la ley autónomos, autárquicos y con procesos de nombramiento de sus titulares similares a los de la AAIP.