Las declaraciones juradas son una de las herramientas más importantes con las que cuenta la sociedad civil para conocer los bienes, ingresos y antecedentes laborales de quienes ejercen cargos públicos.
De esta forma, las DDJJ se presentan como herramientas claves para la detección de actos de corrupción. Es decir, nos permiten identificar posibles enriquecimientos ilícitos, incompatibilidades, y conflictos de intereses. Y es por este motivo que es de suma importancia su publicidad y libre acceso.

El régimen de declaraciones juradas a nivel nacional se rige por la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y su modificatoria, la Ley N° 26.857 del Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos.

Esta Ley ha sido reglamentada por los diferentes Poderes del Estado para la implementación de la norma en la órbita de cada uno de la siguiente forma:

Entre las reformas necesarias en primer lugar podemos identificar la necesidad de reforma en torno a los formularios de las DDJJ, ya que actualmente el contenido de los mismos es insuficiente y no permite conocer el patrimonio real de los funcionarios. Es por esto que es necesaria la reincorporación de:

1) la información patrimonial de los/as cónyuges e hijos/as menores de los declarantes, información clave para detectar aumentos patrimoniales injustificados, e incluso para investigar la eventual comisión de delitos de corrupción; y,

2) los antecedentes laborales de los funcionarios públicos, dado que de otro modo no es posible poder determinar posibles conflictos de interés y/o incompatibilidad en el ejercicio de la función pública.  

A su vez, es necesario revisar las cuestiones en torno a los órganos de control de cumplimiento de la Ley que, en primer lugar no están claramente reglamentados, y en segundo lugar, los Poderes Legislativo y Judicial no cuentan con ningún órgano con potestades de control sobre el patrimonio declarado (el Poder Ejecutivo cuenta con la Oficina Anticorrupción).