El sistema de compras y contrataciones adquiere relevancia en la lucha contra la corrupción debido a por lo menos dos cuestiones fundamentales:

– Las características de las contrataciones públicas son  particularmente susceptibles a la corrupción debido al alto nivel de fondos involucrados y los volúmenes de transacciones. Por un lado, las contrataciones públicas en Argentina representan un valor que equivale casi al 10% del PBI del país (8.55% del PBI en 2012). Por el otro, las contrataciones se concentran en un volumen relativamente bajo de transacciones de muy alto valor económico, a diferencia de lo que sucede con otros sectores del gasto público. A estos dos factores, se suma el hecho de que el destino de las contrataciones públicas depende de un bajo número de decisores políticos, los cuales tienen un amplio margen de libertad.

– El sistema institucional y normativo de prevención, detección y sanción de la corrupción se ha mostrado particularmente ineficiente respecto a este tipo de contrataciones.

La combinación entre la posibilidad de desviar altos volúmenes de dinero y los bajos costos que el sistema institucional establece ante hechos delictivos tanto para funcionarios como para el sector privado, hace que el sistema de compras sea particularmente vulnerable a sufrir hechos de corrupción.

En Argentina, el sistema de compras y contrataciones públicas está regulado por las siguientes normas:

1. Dec. 1023/2001 de Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
2. Dec. 1030/2016 de Reglamentación.
3. Disposición ONC Nº 62/2016 – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones.
4. Disposición ONC Nº 63/2016 – Pliego Único de Bases y Condiciones
5. Disposición ONC Nº 64/2016 – Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de datos en el SIPRO.
6. Disposición ONC Nº 65/2016 – Sistema Electrónico de Contrataciones “COMPR.AR”

Ley 13.064 de obras públicas.

Normativa dispersa y desactualizada: el régimen se encuentra organizado por un Decreto del Poder Ejecutivo en virtud de una facultad delegada por el Congreso de la Nación. Sin embargo, la obra pública está regulada por una ley del año 1947.

Bajos niveles de publicidad y acceso a la información pública: la normativa establece estándares muy bajos de publicidad, restringiendo la misma al periodo previo a la contratación misma. El acceso a la información se encuentra fuertemente restringido (art. 19 Dec 1023/01 y 4 Reglamentación) requiriendo la acreditación fehaciente de un interés para poder acceder al procedimiento contractual, lo cual va en contra de lo establecido por la recientemente sancionada Ley de Acceso a la Información Pública.

Bajos niveles de participación ciudadana y Accountability Social: el Dec. 1023/01 incluye una posibilidad facultativa de participación en la redacción de los pliegos, la cual es raramente usada, y no establece ninguna instancia de participación y control ciudadano de las restantes etapas.

Inexistencia de topes por precios de referencia: la normativa no contiene una cláusula que impida el pago de precios mayores a un porcentaje fijo respecto al precio de mercado (suele ser del 5% en la legislación comparada). Esto permite la cartelización y el sobreprecio en las contrataciones públicas.

Conflictos de interés: la normativa no regula los conflictos de interés y las incompatibilidades para ser contratante. No están inhabilitados para contratar los ex funcionarios y empleados públicos, familiares y amigos cercanos de los funcionarios y empleados, ni las sociedades de los familiares y amigos.

Órgano de control:  el Dec. 1023/01 establece como Órgano Rector del Régimen de Contrataciones a la Oficina Nacional de Contrataciones, la cual carece de independencia y recursos, así como de facultades de control y sanción para ser un órgano de control eficaz.

• Cuáles son algunas de las reformas necesarias?

• Regular el Régimen de Contrataciones en su conjunto por una ley del Congreso, a fin de dotar de jerarquía normativa al mismo.
• Establecer criterios de publicidad y acceso a la información que respeten los estándares de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ampliar la cantidad y calidad de la información sobre todas las etapas de la contratación pública, y establecer mecanismos de utilización inteligente de la información a fin de aumentar la transparencia y eficiencia del sistema.
• Establecer procesos de participación ciudadana en todas las etapas de las contrataciones, particularmente en aquellas que se detecten como de mayor vulnerabilidad, y prever mecanismos de impugnación por parte de la ciudadanía y la sociedad civil organizada.
• Regular en forma clara las incompatibilidades y conflictos de interés.
• Establecer un órgano de control descentralizado e independiente, con amplias capacidades de control concomitante y posterior y facultades  sancionatorias.